Soberanía, injerencia y patriotismo
Cuando el gobierno se confunde con la patria
Hay palabras que pertenecen a una nación y que ningún gobierno debería apropiarse.
Soberanía. Injerencia. Patriotismo.
Las tres tienen un significado legítimo.
México es un país soberano. Ninguna potencia extranjera debe decidir por los mexicanos. Una verdadera injerencia en nuestros procesos políticos debe rechazarse. Y el patriotismo, entendido como compromiso con México y no con un gobierno determinado, es perfectamente respetable.
El problema comienza cuando esas palabras dejan de utilizarse solamente para defender al país y empiezan a utilizarse para defender al poder.
Eso es lo que debemos observar rumbo a 2027.
No hace falta imaginar una conspiración ni conocer un plan secreto. Basta observar el lenguaje político, la concentración de poder y algo mucho más elemental: el interés de cualquier fuerza gobernante por conservar el poder que ya tiene.
Morena gobierna la Presidencia de la República, cuenta con una enorme presencia en los gobiernos estatales y dispone, junto con sus aliados, de mayorías legislativas. Durante estos años también se han producido transformaciones profundas en el Poder Judicial y en instituciones fundamentales del Estado.
En ese contexto, la elección intermedia de 2027 tiene una importancia especial.
Porque una democracia no se pone verdaderamente a prueba cuando quien gobierna vuelve a ganar.
Se pone a prueba cuando puede perder.
Y es precisamente antes de esa elección cuando tres palabras aparecen una y otra vez en el discurso político:
soberanía, injerencia y patria.
Soberanía
La soberanía no pertenece a la presidente.
No pertenece a Morena.
No pertenece al Congreso.
Pertenece a los mexicanos. A todos.
A quienes votaron por este gobierno y a quienes votaron en su contra.
A quienes lo apoyan, a quienes lo critican y a quienes quieren sustituirlo democráticamente.
Esto requiere una precisión porque también la palabra “pueblo” puede ser apropiada políticamente.
Cuando desde el poder se habla constantemente de “el pueblo” para referirse, en los hechos, a quienes respaldan determinado proyecto político, ocurre una sustitución peligrosa: una parte de los mexicanos empieza a hablar en nombre de todos los mexicanos.
El pueblo de México no es una corriente política.
No es una mayoría electoral permanente.
No es Morena.
Tampoco es la oposición.
Somos todos los ciudadanos, pensemos como pensemos y votemos como votemos.
Una mayoría puede elegir un gobierno.
No se convierte en propietaria de la nación.
Ésa es una diferencia fundamental.
Porque cuando el gobierno se identifica con “el pueblo”, después puede identificar sus decisiones con la voluntad popular.
Y entonces aparece una cadena políticamente muy poderosa:
Gobierno = pueblo.
Pueblo = nación.
Nación = patria.
Defender al gobierno = defender la patria.
Atacar al gobierno = atacar a México.
Ahí está el riesgo.
Un ciudadano que se opone al gobierno no deja de formar parte del pueblo.
Un periodista que cuestiona al gobierno no deja de ser mexicano.
Un empresario que critica una política pública no ataca por ello a la nación.
Un partido que busca derrotar electoralmente al gobierno no está intentando derrotar a México.
Y un ciudadano que cambia su voto no traiciona a nadie.
Está ejerciendo precisamente la soberanía que se invoca en su nombre.
Por eso hay una diferencia que no debemos permitir que desaparezca:
Defender al gobierno no es defender la soberanía.
Defender la soberanía también significa defender el derecho de los mexicanos a cambiar de gobierno.
Injerencia
La segunda palabra es todavía más poderosa políticamente:
injerencia.
Una verdadera intervención extranjera en las decisiones soberanas de México debe rechazarse.
Pero no todo lo que sucede fuera de México constituye una intervención contra México.
Un país extranjero ejerce su propia soberanía cuando aplica sus leyes dentro de su jurisdicción, investiga delitos que le corresponden, decide quién puede ingresar a su territorio o adopta decisiones dentro de sus propias facultades.
México puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
Puede protestar.
Puede responder diplomáticamente.
Puede defender sus intereses.
Pero existe una enorme diferencia entre una decisión extranjera que incomoda al gobierno mexicano y una injerencia en la soberanía mexicana.
Borrar esa frontera sería políticamente muy útil.
Porque entonces “injerencia” dejaría de describir una conducta determinada y se convertiría en una categoría suficientemente elástica para abarcar aquello proveniente del exterior que resulte políticamente inconveniente.
Pero hay otra injerencia de la que se habla mucho menos.
La que puede ejercerse desde dentro.
Si injerencia significa intervenir indebidamente en una competencia que debería decidir libremente el ciudadano, entonces la vigilancia democrática no puede dirigirse solamente hacia Washington o hacia cualquier otro gobierno extranjero.
También tiene que mirar hacia el poder político mexicano.
Porque una elección puede ser afectada desde fuera.
Pero también puede ser condicionada desde dentro.
Puede ocurrir cuando quien gobierna utiliza las ventajas del poder antes de que comience formalmente una campaña; cuando las fronteras entre gobierno, partido y promoción política se vuelven cada vez menos claras; cuando las reglas se modifican desde posiciones de mayoría; cuando las instituciones electorales toman decisiones que alteran las condiciones de competencia; o cuando el aparato público adquiere un peso que ningún adversario puede reproducir.
No hace falta convertir esta reflexión en un catálogo de irregularidades.
El punto político es otro:
¿Por qué hablar solamente de una posible injerencia extranjera futura y no de una posible injerencia interna que puede estar ocurriendo antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas?
Ésa es la contradicción.
El mismo poder que pide a los mexicanos estar atentos ante quienes desde el extranjero pudieran intentar influir en nuestras elecciones debe aceptar exactamente el mismo principio hacia dentro:
Nadie debe interferir indebidamente con la libertad del ciudadano para decidir quién gobierna.
Ni Washington.
Ni empresarios.
Ni organizaciones extranjeras.
Pero tampoco el gobierno.
Tampoco el partido gobernante.
Tampoco una mayoría legislativa debería utilizar su fuerza para inclinar las condiciones de la competencia.
Y ninguna institución electoral debería abandonar la obligación de garantizar una cancha imparcial.
Porque la soberanía electoral no solamente puede vulnerarse desde fuera de las fronteras.
También puede vulnerarse desde el poder.
Ahí aparece una paradoja mucho más profunda rumbo a 2027.
Mientras el discurso oficial concentra la atención en la amenaza de una eventual injerencia extranjera, puede terminar relegando la pregunta que debería preocuparnos desde ahora:
¿Quién protege las elecciones de la injerencia interna del propio poder?
Si el gobierno se presenta como representante del pueblo, se atribuye la defensa de la soberanía y al mismo tiempo participa inevitablemente en la definición política de lo que considera injerencia extranjera, existe el riesgo de que la intervención externa se convierta en el gran enemigo visible mientras las ventajas e intervenciones provenientes del poder interno se normalizan.
Eso invertiría completamente el sentido de la soberanía.
Porque la soberanía no consiste en proteger al gobierno de aquello que ocurre en el extranjero.
Consiste, ante todo, en proteger la libertad de los mexicanos para decidir quién debe gobernarlos.
Y esa libertad debe protegerse de cualquier interferencia indebida.
Venga de fuera o venga de dentro.
Patriotismo
Aquí aparece la tercera palabra.
Patria.
Probablemente la más poderosa de las tres.
La soberanía puede discutirse institucionalmente.
La injerencia puede analizarse mediante hechos.
Pero la patria toca algo diferente: identidad, historia, pertenencia y emoción.
Precisamente por eso debe utilizarse con enorme responsabilidad.
Cuando a un adversario político se le llama “traidor a la patria”, ya no se está diciendo simplemente que está equivocado.
Se está diciendo algo mucho más grave:
que está contra México.
Y cuando dentro del espacio político aparecen expresiones como “muerte a los traidores a la patria”, aunque hayan sido pronunciadas por actores determinados y no constituyan formalmente una posición del Estado, debemos preguntarnos qué ambiente político estamos construyendo para que semejante lenguaje encuentre espacio dentro de una democracia.
Porque una democracia necesita adversarios.
No necesita traidores.
El adversario puede tener razón.
El traidor no.
El adversario puede ganar una elección.
El traidor debe ser derrotado.
El adversario tiene derechos.
El traidor merece castigo.
El adversario sigue formando parte de la comunidad política.
Al traidor se le coloca fuera de ella.
Por eso no es una simple cuestión de palabras.
Es una manera completamente diferente de concebir la política.
Y aquí aparece el verdadero peligro de apropiarse del patriotismo.
Cuando un gobierno se presenta como defensor de la patria, puede terminar presentando la defensa del gobierno como un deber patriótico.
Y cuando eso sucede, la oposición deja de ser simplemente oposición.
Puede convertirse en sospechosa de actuar contra México.
Las tres palabras juntas
Separadamente, soberanía, injerencia y patriotismo son conceptos legítimos.
El problema aparece cuando políticamente empiezan a funcionar juntos.
La secuencia puede ser extraordinariamente sencilla:
El gobierno representa al pueblo.
El gobierno defiende la soberanía.
Quien desde el extranjero cuestiona al gobierno puede ser presentado como alguien que interviene en México.
Quien desde México busca apoyo, denuncia o interlocución en el exterior puede ser acusado de favorecer esa injerencia.
Y quien favorece la injerencia puede terminar señalado como alguien que actúa contra la patria.
El círculo queda cerrado.
Ya no tenemos gobierno y oposición.
Tenemos patriotas y traidores.
Ya no tenemos una disputa sobre políticas públicas.
Tenemos una defensa de la nación.
Ya no tenemos ciudadanos intentando sustituir democráticamente a quienes gobiernan.
Tenemos enemigos tratando de arrebatarle el poder “al pueblo”.
Ésa es precisamente la confusión que una democracia debe impedir.
Porque México no es su gobierno.
México tampoco es Morena.
Como antes tampoco fue el PRI.
Ni el PAN.
Los gobiernos son temporales.
Los partidos son temporales.
México permanece.
El poder frente a 2027
Esta discusión adquiere mayor importancia cuando el partido gobernante dispone de una concentración política e institucional considerable.
Presidencia.
Mayorías legislativas.
Una extensa presencia territorial mediante gobiernos estatales.
Instituciones profundamente transformadas durante los últimos años.
Una enorme capacidad de comunicación desde el Estado.
Y autoridades que tendrán que intervenir en las controversias que puedan surgir alrededor de las elecciones.
No es necesario afirmar que cada institución recibe órdenes de la Presidencia para reconocer el problema.
La pregunta democrática es más sencilla:
¿Qué contrapesos efectivos existen frente a semejante concentración de poder?
Las instituciones democráticas no están diseñadas solamente para impedir que gobiernen quienes pierden.
También deben impedir que quienes ganaron una elección utilicen el poder obtenido para hacer cada vez más difícil perder la siguiente.
Ésa es la función de los contrapesos.
Y ésa es precisamente la razón por la que debemos mirar hacia dentro cuando hablamos de injerencia.
Porque resulta demasiado cómodo imaginar que el peligro para nuestras elecciones solamente puede llegar del extranjero.
El poder capaz de afectar las condiciones de una elección también existe dentro del país.
Y quien dispone del aparato gubernamental posee, por definición, instrumentos que sus adversarios no tienen.
Por eso la pregunta correcta no puede ser solamente:
¿Quién intenta influir desde fuera?
También debe ser:
¿Quién vigila al poder para impedir que intervenga desde dentro en la elección que habrá de decidir cuánto poder conserva?
El verdadero examen
2027 será algo más que una elección intermedia.
Será una prueba.
No solamente para Morena.
También para la oposición.
Para las autoridades electorales.
Para los tribunales.
Para las instituciones mexicanas.
Y especialmente para nuestra capacidad de distinguir tres cosas que nunca deberían confundirse:
Gobierno. Estado. Nación.
El gobierno administra temporalmente el Estado.
El Estado pertenece a todos.
Y la nación es mucho más grande que ambos.
Ningún presidente puede apropiarse de México.
Ningún partido puede apropiarse del pueblo.
Ninguna mayoría electoral puede apropiarse de la patria.
Y ninguna oposición pierde su condición de mexicana por intentar sustituir democráticamente al gobierno.
Tres palabras, tres límites
Quizá la mejor manera de evitar la manipulación de estos conceptos sea regresar a definiciones muy simples.
Soberanía no significa obedecer al gobierno.
Significa que los mexicanos decidimos sobre México.
Y eso incluye nuestro derecho a retirar democráticamente el poder que antes entregamos.
Injerencia no significa cualquier acción extranjera que incomode al gobierno.
Significa una intervención indebida sobre decisiones que corresponden soberanamente a los mexicanos.
Pero esa protección debe operar en ambas direcciones.
La voluntad de los ciudadanos debe protegerse de la injerencia extranjera y de la injerencia interna del propio poder.
Patriotismo no significa apoyar al partido gobernante.
Significa compromiso con México, incluso cuando ese compromiso lleva a cuestionar profundamente a quienes lo gobiernan.
Y falta una cuarta definición:
Oposición no significa traición.
Quizá sea la más importante.
Conclusión
México debe defender su soberanía.
Debe rechazar cualquier verdadera intervención extranjera en sus decisiones.
Y los mexicanos tenemos todo el derecho de sentir orgullo y afecto por nuestro país.
Precisamente por eso debemos cuidar estas palabras.
Porque son demasiado importantes para entregárselas a un gobierno.
La soberanía pertenece a todos los mexicanos.
La patria también.
Ningún partido puede repartir certificados de patriotismo.
Ningún gobierno puede decidir quién forma parte del pueblo según lo apoye o lo critique.
Y ningún gobernante debería convertir su permanencia en el poder en sinónimo de defensa de la nación.
Pero tampoco podemos hablar seriamente de injerencia mirando solamente hacia afuera.
Si queremos proteger la elección de 2027 de influencias indebidas, el principio debe aplicarse completo:
Que nadie desde el extranjero decida por los mexicanos.
Y, con exactamente la misma firmeza:
Que nadie desde el poder decida por ellos.
En democracia, perder una elección no significa que perdió México.
Significa que los mexicanos decidieron otra cosa.
Y aceptar esa decisión —especialmente cuando significa perder poder— es quizá la prueba más importante de soberanía, patriotismo y democracia.