El Gobierno puede afirmar que Jóvenes Construyendo el Futuro es un éxito; con la información pública examinada, esta evaluación no puede comprobar un éxito integral y sostenible. Tampoco permite demostrar un fracaso integral. La cobertura, los apoyos y la capacitación están documentados; la trazabilidad nacional entre esos productos y los beneficios laborales posteriores sigue siendo insuficiente.
Esta evaluación reconstruye las promesas de 2018 y examina la operación desde 2019. Su fecha de corte es el 5 de octubre de 2026; ese ejercicio sigue abierto. Se utiliza la denominación del objetivo oficial: jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. El objetivo general vigente es contribuir a su incorporación en actividades productivas mediante capacitación. El empleo formal sostenible se examina como calidad del beneficio, sin atribuir al diseño una garantía de contratación que no establece. [1, 2]
1 Alcance y criterio de evaluación
Se aplica una lógica de gestión de beneficios compatible con PMI: justificación → objetivos → entregables → resultados → beneficios sostenidos. Es una evaluación documental propia, no una auditoría oficial ni una certificación de PMI. No se levantaron encuestas ni se enlazaron padrones individuales con registros del IMSS.
Se distingue entre lo declarado por la autoridad, lo acreditado por documentos administrativos y lo estimado por investigaciones. Un padrón acredita atención; una transferencia acredita apoyo; una constancia registra capacitación. Ninguno de estos elementos, por sí solo, acredita contratación posterior, mejores salarios o permanencia laboral.
El estándar propuesto para el beneficio principal es empleo remunerado después del egreso, separando formalidad, salario y permanencia a 6 y 12 meses. Para medir adicionalidad se necesita comparar ese resultado con el que habrían obtenido jóvenes equivalentes sin participar. Este estándar de evaluación no se atribuye como una meta contractual original del gobierno.
2 Línea base y promesa original
En diciembre de 2018, la STPS anunció una intervención dirigida a 2.3 millones de jóvenes mediante capacitación y tutoría en centros de trabajo. La finalidad era facilitar su incorporación productiva. El discurso de seguridad también incorporó al programa como una de sus estrategias sociales. [1, 3]
La cifra de 2.3 millones identifica un alcance anunciado; no debe transformarse retrospectivamente en 2.3 millones de empleos creados ni fijarse un plazo anual o sexenal sin el documento que lo establezca. Para valorar cumplimiento temporal hay que conservar cada versión de la meta y su fecha de aprobación.
CONEVAL documentó cambios tempranos: en 2019 el objetivo general se refería a empleabilidad e inclusión en el mercado laboral; en 2020 pasó a inclusión en actividades productivas. También señaló diferencias en la definición del problema público y limitaciones en la caracterización socioeconómica. Registró 1,120,543 jóvenes atendidos en 2019 frente a una meta operativa de un millón. [4]
La conclusión de diseño es doble: se puso en marcha una intervención pertinente para jóvenes excluidos y se alcanzó la meta operativa reportada de 2019; al mismo tiempo, el cambio de objetivo exige controlar qué se considera éxito. No es válido juzgar todas las cohortes con la definición más amplia adoptada después.
3 Alcance real y permanencia
La STPS informó en junio de 2026 un acumulado de 3.5 millones de jóvenes y 168 mil millones de pesos de inversión. Para ese año reportó 362 mil incorporaciones frente a una meta de 500 mil. En agosto comunicó 3.6 millones de beneficiarios acumulados. Son declaraciones administrativas con diferentes fechas de corte, no mediciones de contratación. [5, 6]
El avance de junio equivale a 72.4% de la meta anual, compatible con el 72% redondeado comunicado. No demuestra cumplimiento final de 2026. El crecimiento acumulado tampoco equivale a una reducción del mismo tamaño en la población que no estudia ni trabaja, que cambia por edad, entradas, salidas y condiciones económicas.
Para reconstruir permanencia se requiere un flujo de personas únicas: ingreso, meses pagados, interrupción, cambio de centro, baja, conclusión y seguimiento. Los conteos anuales de personas apoyadas pueden incluir a un mismo joven en dos ejercicios. Por ello no se suman automáticamente como beneficiarios únicos acumulados.
No se obtuvo en esta revisión una serie anual conciliada de egresos, abandonos y meses efectivamente cursados. Esto impide estimar una tasa nacional de conclusión reproducible. Se trata de una limitación de lo recuperado, no de una afirmación de que la STPS carezca de esos registros.
3.1 Edad, sexo, escolaridad y estado civil
La edad de elegibilidad es de 18 a 29 años al momento de postularse. Este intervalo no es una distribución de las edades efectivas de los participantes. Para evaluar resultados se propone separar 18–20, 21–24 y 25–29 años, conservando la edad al ingreso y al egreso. No se recuperó una tabla nacional conciliada que cruce estos grupos con conclusión, empleo posterior y permanencia. [2]
Sexo, escolaridad y estado civil deben analizarse junto con las responsabilidades de cuidado, región y situación laboral inicial. Permiten comprobar si la intervención ofrece oportunidades y resultados diferentes entre grupos. El estado civil por sí solo no demuestra cargas de cuidado ni constituye un criterio de elegibilidad. No se asignan porcentajes ni se supone que estas variables estén disponibles cuando no se recuperaron datos que los sustenten.
NO TRANSPARENCIA — Perfil y resultados: en el expediente público examinado no se encontró una base o tabulación nacional reproducible que vincule edad, sexo, escolaridad y estado civil con egreso, baja, formalidad, salario y permanencia. Para evaluar, el Gobierno debería publicar agregados anonimizados por cohorte, con definiciones, denominadores, datos faltantes y fecha de corte. Publicar un perfil de beneficiarios sin su resultado posterior no cierra esta brecha.
3.2 Bajas, deserción y terminación
Una baja no equivale automáticamente a deserción voluntaria ni a fracaso. Deben separarse abandono, decisión del centro por desempeño o incumplimiento, problemas de capacitación, cambio de centro, motivos personales, retorno a estudios, obtención de trabajo y conclusión del periodo. Son categorías que deben investigarse, no causas cuya frecuencia haya quedado acreditada en esta revisión. Una desvinculación puede preceder a una nueva oportunidad de capacitación. [2]
Encontrar trabajo y salir del programa tampoco demuestra, por sí solo, éxito atribuible a la intervención: el joven pudo conseguirlo por búsqueda propia, contactos o condiciones del mercado. Puede constituir un resultado favorable individual; su adicionalidad requiere comparación. De igual manera, concluir el periodo no demuestra contratación ni salida sostenible de la condición de no estudiar ni trabajar.
NO TRANSPARENCIA — Trayectorias: no se encontró en el expediente examinado una serie nacional conciliada de ingresos, interrupciones, cambios de centro, bajas por causa, reincorporaciones y conclusión, enlazada con seguimiento posterior. El Gobierno debería presentar este flujo por cohorte, con personas únicas, meses efectivamente cursados y tasas calculadas sobre denominadores explícitos; las pérdidas de seguimiento deben permanecer visibles.
4 Presupuesto y ejercicio
Las cifras siguientes están en millones de pesos nominales. Se evita mezclar el presupuesto total del Ramo 14 con el programa, y los anexos transversales con el monto total. Un presupuesto modificado tampoco se confunde con recursos ejercidos.
¹ Monto aprobado redondeado que reportó CONEVAL. ² Cálculo propio: 21,115.443 de subsidios y seguro más 340.4932 de operación, según ASF. ³ Asignación a la Unidad del Programa, no conciliada aquí con todos sus programas presupuestarios. En 2023 la misma fuente registra 22,282.9 ejercidos por esa unidad; no se presentan como gasto exclusivo de S280. No se calcula un total anual 2019–2025 con este hueco.
La variación de 2019 fue −40.2% respecto de lo aprobado. En 2024 fue −2.3% y en 2025 −0.8%, aproximadamente. Son diferencias frente al presupuesto original; no se denominan automáticamente subejercicio legal, que requiere examinar el modificado y el devengado. [7, 12, 13]
El gasto acredita recursos aplicados a la intervención; no acredita rentabilidad social. La reducción inicial sugiere una diferencia importante entre capacidad presupuestada y ejecución, pero no identifica por sí sola la causa. Tampoco puede concluirse despilfarro por el solo hecho de que no exista una cifra recuperada de costo por empleo.
4.1 Costo administrativo y composición de la inversión
La inversión anunciada debe desagregarse en apoyos económicos, seguro médico y operación. Dentro de operación deben identificarse los conceptos financiados: personal, plataforma, verificaciones, supervisión, evaluación y otros gastos, sin duplicar erogaciones registradas en otras unidades. El presupuesto autorizado para operación no equivale al gasto administrativo efectivamente ejercido.
La auditoría de 2022 permite identificar 340.4932 millones de pesos de operación dentro de los 21,455.9362 millones aquí reconstruidos: aproximadamente 1.59%. Es un dato de ese ejercicio y del alcance de esa fuente; no se extrapola como porcentaje administrativo de toda la historia del programa. [10]
NO TRANSPARENCIA — Costo integral: no se encontró una conciliación acumulada reproducible que permita separar subsidios, seguro y administración para todas las cohortes y vincularlos con resultados sostenibles. El Gobierno debería publicar gasto aprobado, modificado y ejercido por concepto y año, su conciliación con Cuenta Pública y una metodología de asignación por cohorte. La cifra de 177 mil millones mencionada durante la revisión no se adopta como gasto confirmado: falta identificar fuente, fecha de corte y composición. Se conserva el corte documentado de 168 mil millones comunicado en junio de 2026. [5]
5 Capacitación y controles
La calidad debe evaluarse en lo aprendido y su utilidad laboral: competencias iniciales y finales, tareas realizadas, calidad del tutor, pertinencia de la especialidad y reconocimiento de habilidades. La duración administrativa no garantiza aprendizaje efectivo. La valoración del tutor también necesita una verificación que evite depender exclusivamente de quien recibe el trabajo del aprendiz.
La auditoría ASF 359 de la Cuenta Pública 2022 registró 5,110,902.36 pesos pendientes por aclarar al emitir el informe; documentó problemas de evaluaciones mutuas y una promoción de responsabilidad vinculada con 355 tarjetas extraviadas o robadas no reportadas. Son observaciones y procedimientos, no una sentencia de corrupción. No se confirmó aquí su estado posterior de solventación. [10]
La auditoría ASF 395 de la Cuenta Pública 2024, concluida el 26 de enero de 2026, determinó ocho resultados sin irregularidades y cumplimiento general en su alcance de gestión financiera. Revisó una muestra de subsidios equivalente al 97.2% del universo seleccionado. Este resultado favorable debe incorporarse; no es una evaluación causal de empleabilidad. [14]
El juicio sobre control es, por tanto, temporal y específico. No procede extender las deficiencias de 2022 como hecho probado de 2026; tampoco extender una auditoría financiera favorable a la calidad de todas las capacitaciones. La supervisión de centros debe complementarse con evidencia de competencias y resultados de egreso.
6 La evolución del indicador de empleo
La diferencia aritmética entre 46.2% y 23.6% es 22.6 puntos porcentuales; la razón es aproximadamente 1.96. Ninguna de estas operaciones sustituye la estimación causal ajustada. El comunicado de 2021 también menciona un aumento de probabilidad de 26.7%, cuya unidad y especificación no se reconstruyeron aquí: no se mezcla con la diferencia bruta. [15]
No se construye una curva 46.2 → 60 → 70 como si fuera mejora homogénea. Deben coincidir población, cohortes, periodo, definición de empleo y método. En junio de 2026, la STPS incluyó encontrar una ocupación, incorporarse a un empleo o retomar estudios. El retorno a estudios debe presentarse como beneficio educativo separado del empleo. Esa ampliación exige identificar el numerador exacto del siete de cada diez. [5]
La mención de datos del INEGI identifica el origen de la encuesta, no convierte automáticamente la interpretación del gobierno en una conclusión del INEGI. Una encuesta transversal no sigue necesariamente a cada egresado antes y después de capacitarse. La afirmación nacional requiere ficha técnica, código de estimación y medidas de incertidumbre.
7 Evidencia de beneficios y adicionalidad
La evidencia favorable existe. Ortiz Figueroa y coautores publicaron en 2026 una estimación con ENIGH 2020 y 2022 y emparejamiento, con efectos positivos y diferencias regionales. El resumen reporta un ATT de 0.44 en el sur sureste y 0.536 en el norte. No se convierten aquí esos efectos en tasas de colocación equivalentes al 70% oficial: responden a otra definición y estimación. [19]
Un estudio de Guerrero para 2022 mediante emparejamiento encontró aumentos de ingreso entre participantes, incluidos ingresos laborales y transferencias. El beneficio de ingreso es relevante, aunque una transferencia contemporánea no equivale a mejora permanente después del egreso. Los autores presentan cantidades expandidas; no deben confundirse con el número de entrevistas individuales. [20]
La OCDE recogió en 2024 una razón favorable de 2.7 veces en la posibilidad de empleo, citando STPS y CONASAMI. Ese reconocimiento no constituye una nueva evaluación independiente del padrón ni una verificación nacional de duración del empleo. [21]
Los métodos de emparejamiento e inferencia observacional son útiles, pero dependen de supuestos sobre selección y comparabilidad. Motivación, redes previas o disposición a buscar trabajo pueden influir en ingreso y empleo. La pandemia y la recuperación también cambian las oportunidades. Esta limitación no invalida automáticamente los estudios; acota su interpretación.
El balance de adicionalidad es favorable pero condicionado: la literatura recuperada sustenta que el programa puede mejorar la inserción. No permite trasladar una magnitud estimada para determinadas encuestas a todos los beneficiarios de 2019–2026, ni afirmar que cada persona empleada después de participar obtuvo ese empleo exclusivamente gracias al programa.
8 Formalidad salario y duración
Un estudio exploratorio de 37 egresados de 2024 en Los Mochis reportó 45.9% con empleo formal conservado por más de seis meses. También registró beneficios de calidad de vida y redes profesionales. Su tamaño y ámbito impiden generalizar ese porcentaje al país; aporta un ejemplo de medición de permanencia, no una refutación nacional del 70%. [22]
Jacinto Ruiz analizó la estrategia mes trece usando registros del SNE de 2020–2024. Reportó una asociación negativa de la empleabilidad formal y advirtió limitaciones en la verificación del grupo de comparación. Se considera señal para investigar ese componente, no demostración de que el programa completo reduzca el empleo. La selección de quienes requieren ayuda del SNE puede diferir de la de otros egresados. [23]
El seguro médico durante la capacitación es un beneficio distinto de una relación laboral formal posterior. Para certificar formalidad al egreso se necesita separar la cobertura del aprendiz de un alta como trabajador, con fecha, patrón, salario y permanencia. El empleo informal o el autoempleo pueden producir ingreso real, pero deben publicarse en categorías independientes.
No se obtuvo una distribución nacional conciliada de salarios posteriores ni de permanencia a 6 y 12 meses por cohorte. Por ello no se certifica una mejora salarial permanente nacional. El dictamen es insuficiencia de evidencia recuperada para esa afirmación, no ausencia demostrada de beneficio.
8A Contraste de contratación y permanencia
La participación no constituía contratación formal garantizada. Los convenios de 2026 excluyen una relación laboral y una promesa de trabajo; establecen una relación de tutor y aprendiz. La contratación posterior debe acreditarse por separado. Esta es la descripción del diseño normativo, no una resolución sobre posibles relaciones laborales de hecho en centros particulares. [2]
El gobierno federal cubría las cuotas del seguro con presupuesto de la STPS. La protección comprendía prestaciones en especie por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante la participación. Estar asegurado como aprendiz no acredita empleo asalariado ni aportaciones patronales por contratación. No debe contarse automáticamente como empleo formal creado. [26]
La plataforma registra al centro de capacitación y solicita actividad o giro; las reglas exigen un plan de actividades. Deben distinguirse el sector del centro, las tareas aprendidas y la ocupación desempeñada después del egreso. No se recuperó una base nacional pública que concilie esas dimensiones con el empleador posterior, salario y duración. Esto no significa que la autoridad carezca de registros internos. [2, 27]
La afirmación de la dependencia ejecutora se trata como hipótesis verificable. No se presume que toda cifra oficial sea falsa, pero un comunicado no constituye validación suficiente. Los registros administrativos y las encuestas permiten contrastar definiciones y resultados; su utilidad depende de que sus métodos sean públicos y reproducibles.
Como contraste agregado, en diciembre de 2025 el IMSS registró 22,517,076 puestos de trabajo y un crecimiento anual de 278,697. El comunicado distingue esos puestos de 23,895,124 afiliaciones asociadas a un patrón, incluyendo beneficiarios de la reforma de plataformas digitales. Confundir afiliaciones con puestos produciría una lectura incorrecta. Estas cifras describen todo el mercado, no las contrataciones de egresados de JCF. [28]
La ENOE situó la informalidad laboral en 54.6% de la población ocupada en diciembre de 2025. Encontrar una actividad productiva no basta, por tanto, para acreditar formalidad. Esta tasa nacional no es la tasa de los egresados y no identifica cuántos volvieron a no estudiar ni trabajar. Se utiliza 2025 como año cerrado de referencia, no como dato más reciente de 2026. [29]
El aumento o caída del empleo formal nacional sirve como contexto, pero no demuestra por sí solo éxito o fracaso del programa. La variación neta reúne altas y bajas de toda la economía; no equivale a contrataciones brutas de beneficiarios. La atribución requiere jóvenes comparables sin participación, tendencias previas y control de condiciones regionales.
La prueba decisiva sería enlazar, bajo protección de datos, el padrón y fecha de egreso con altas y bajas posteriores en el IMSS y registros correspondientes de otros regímenes. Debe excluirse el seguro de aprendiz como prueba de contratación y verificarse salario, empleador y continuidad a 6, 12 y 24 meses. Se realizó aquí el contraste agregado y documental; no se ejecutó un cruce individual de bases que no estuvieron disponibles.
Por cohorte deben conservarse los denominadores y reportarse ingreso, conclusión, abandono y falta de seguimiento. Para quienes egresan: contratación en el mismo centro o en otro, empleo público, trabajo independiente, formalidad y ocupación. La situación posterior debe separar desempleo con búsqueda activa, informalidad, regreso a estudios e inactividad. La ausencia de alta en el IMSS no demuestra por sí sola que una persona no estudie ni trabaje.
Los registros del SNE permiten verificar colocaciones de quienes solicitan sus servicios, pero ese grupo no representa automáticamente a todos los egresados. Los estudios externos aportan un contraste adicional; deben evaluarse por método y población, no por coincidir con el discurso oficial o contradecirlo.
Dictamen de contraste: la evidencia recuperada no responde con una cifra nacional verificable cuántos lograron una salida duradera de la condición de no estudiar ni trabajar ni cuántos regresaron a ella. El siete de cada diez no acredita permanencia; tampoco autoriza a clasificar a los otros tres como personas sin estudio ni trabajo. El vacío es de acreditación del resultado sostenible, no una prueba de ausencia total de beneficios.
8.1 Centros de trabajo, empresas y giros
Centro de trabajo no es sinónimo de empresa privada: el programa admite personas físicas y morales, instituciones públicas y organizaciones sociales. Un centro registrado tampoco equivale a un centro activo ni a un empleador que contrató egresados. La evaluación debe distinguir centros, sucursales, espacios ofrecidos, aprendices efectivamente recibidos y contrataciones posteriores. [2, 27]
NO TRANSPARENCIA — Centros y contratación: no se recuperó un total nacional conciliado de centros activos por año, clasificación por giro y contratación posterior que permita evaluar esta cadena. El Gobierno debería publicar número de centros y sucursales sin duplicidades, sector público o privado, giro, tamaño y ubicación, aprendices recibidos, egresos, bajas y contrataciones, con salario y permanencia. El giro del centro, la tarea aprendida y la ocupación posterior deben aparecer por separado.
9 Costos y beneficios
Con el corte oficial de junio, 168,000 millones divididos entre 3.5 millones equivalen a 48,000 pesos nominales por beneficiario acumulado. Es un cociente descriptivo de cifras redondeadas comunicadas por la STPS; no un costo de capacitación completa ni una cuenta financiera conciliada. No se combina la cifra de gasto de junio con los 3.6 millones anunciados en agosto. [5]
Aplicar 70% al total de 3.5 millones produciría 2.45 millones y un cociente de 68,571 pesos. Ese cálculo no es válido como costo por empleo: incluye participantes sin egreso, presupone una tasa homogénea y no distingue empleo que habría ocurrido de todas maneras. Se muestra para explicar el error, no como resultado del programa.
El indicador correcto sería gasto de una cohorte dividido entre empleos formales adicionales sostenidos de esa misma cohorte. El denominador debe estimarse frente a un contrafactual comparable. Para una evaluación económica se añadirían aumentos de ingreso netos, costos de tiempo y administración, efectos sobre empleadores y duración de beneficios, con supuestos explícitos de descuento.
No se puede calcular con rigor ese costo nacional con lo recuperado. Tampoco se acreditó desplazamiento de trabajadores o sustitución de nómina en escala nacional. Son riesgos que deben medirse mediante contratación y rotación de los centros, no presentarse como hechos por intuición.
10 Seguridad y efectos sociales
La promesa de alejar jóvenes de actividades delictivas tiene una justificación plausible, pero exige indicadores propios. Sumano y Reyes analizaron homicidios con series de tiempo nacionales y comparaciones estatales; observaron reducciones nacionales, aunque el análisis por entidad apuntó a otros factores. No ofrecen una base suficiente para atribuir al programa la reducción de homicidios del país. [24]
No se mide reclutamiento criminal contando becas. Harían falta resultados locales comparables, exposición efectiva, tendencias previas y control de intervenciones de seguridad concurrentes. Una asociación temporal puede coincidir con el programa sin haber sido causada por él. A la inversa, no detectar reducción de homicidios no elimina beneficios de ingreso, salud o inclusión.
11 Matriz de beneficios frente a promesas
Los dictámenes de esta matriz son juicios de la presente evaluación sobre el expediente recuperado; no semáforos oficiales. CONEVAL sí documentó en 2023 una mejora en la orientación de indicadores de JCF, aunque persistía la necesidad de ajustes para medir adecuadamente sus resultados. [25]
12 Conclusión ex post
Esta evaluación ex post no permite concluir que Jóvenes Construyendo el Futuro sea un éxito integral. Tampoco permite demostrar que sea un fracaso integral. Esa falta de un dictamen concluyente sobre sus beneficios sostenibles es uno de sus problemas más graves.
Hay productos acreditados: atención, transferencias, capacitación y cobertura médica durante la participación. También existe evidencia favorable sobre inserción laboral e ingresos, cuyo alcance debe reconocerse, y una auditoría financiera favorable para 2024. Estos hallazgos no deben borrarse para endurecer una conclusión. Tampoco permiten certificar que siete de cada diez obtengan empleo formal permanente gracias al programa. [14, 15, 19–21]
Después de años de operación y miles de millones de pesos destinados a la intervención, el Gobierno debería poder explicar cuántos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban consiguieron un empleo, cuántos conservaron ese empleo a seis, doce y veinticuatro meses, cuántos retomaron estudios, cuántos volvieron a no estudiar ni trabajar y cuánto costó cada inserción adicional sostenible. Con la documentación pública examinada, esas preguntas no pueden responderse de manera integral y reproducible.
El indicador de empleo u ocupación productiva reúne resultados que deben distinguirse. El retorno a estudios es un beneficio educativo; el trabajo informal, el autoempleo y el empleo formal tienen características diferentes. Encontrar una ocupación después de participar no demuestra por sí solo que se obtuvo gracias a la intervención. El seguro del aprendiz, financiado por el Gobierno, tampoco acredita contratación patronal. [2, 5, 18, 26]
NO TRANSPARENCIA significa aquí que no se encontró información pública suficiente y articulada para reproducir las mediciones señaladas. No significa que toda la información del programa sea secreta ni que la autoridad carezca de registros internos. El alcance de esta revisión y las fuentes consultadas se explicitan para que sus conclusiones puedan discutirse y verificarse.
La insuficiencia de datos no prueba malos resultados ni ocultamiento deliberado. Sí impide aceptar como comprobado el éxito integral que se proclama. La carga de documentar los beneficios corresponde a quien administra los recursos y afirma haberlos obtenido; no puede trasladarse a la sociedad mediante comunicados y cifras de cobertura.
El hallazgo central es una falla de rendición de cuentas sobre el resultado sostenible: la información examinada no permite reconstruir suficientemente la cadena entre gasto, capacitación, empleo posterior, permanencia y adicionalidad. Contar becas o capacitaciones mide lo que la intervención hizo; comprobar beneficios exige conocer lo que ocurrió después y compararlo con lo que habría sucedido sin participar.
El Gobierno debe publicar un seguimiento por cohortes, conciliado con registros laborales y encuestas, con definiciones estables, denominadores, pérdidas de seguimiento, costos e incertidumbre. Los resultados deben desagregarse por edad, sexo, escolaridad, región y características del centro; el estado civil y las responsabilidades de cuidado pueden incorporarse mediante información agregada protegida.
Jóvenes Construyendo el Futuro no ha demostrado en el expediente público examinado, con información suficiente, replicable y longitudinal, un éxito integral y sostenible proporcional a los recursos invertidos. Un éxito que no puede demostrarse no puede presentarse como un éxito comprobado.
Fuentes y alcance de consulta
Consultadas el 5 de octubre de 2026. Los números entre corchetes remiten a estas fuentes. Se usaron paráfrasis y cálculos identificados; no se transcribieron pasajes extensos. “Extracto” significa que no se obtuvo el documento íntegro.
[1] STPS 2018 Apertura de inscripción — extracto
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[2] DOF Reglas de operación 2026 — texto consultado
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[3] SSPC 2018 Mensaje de Alfonso Durazo — extracto
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[4] CONEVAL Comunicado 10 de 2020 — documento consultado
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[5] STPS Avance de junio de 2026 — extracto
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[6] STPS Tamaulipas agosto de 2026 — extracto
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[7] CEFP Nota 104 de 2024 — extractos de cuadros
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[8] CEFP Nota 47 de 2022 — extractos
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[9] SHCP Cuenta Pública 2021 Ramo 14 — extractos
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[10] ASF Auditoría 359 Cuenta Pública 2022 — documento consultado
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[11] SHCP Cuenta Pública 2023 clasificación administrativa — extracto
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[12] SHCP Cuenta Pública 2024 Ramo 14 — extracto
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[13] SHCP Cuenta Pública 2025 Ramo 14 — extracto
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[14] ASF Auditoría 395 Cuenta Pública 2024 — documento consultado
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[15] STPS 2021 Posibilidad de empleo — extractos
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[16] CONASAMI Estudio ENIGH 2022 — ficha localizada sin lectura íntegra
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[17] Presidencia 29 de noviembre de 2024 — extracto
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[18] STPS Siete de cada diez 2026 — extracto del título y cuerpo
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[19] Ortiz Figueroa y coautores 2026 Inserción laboral — resumen consultado
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[20] Vázquez Elorza y coautores Caso de Guerrero — resumen consultado
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[21] OCDE 2024 Job Creation and Local Economic Development — sección consultada
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[22] Grijalva Escalante y coautores Estudio en Sinaloa — resumen consultado
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[23] Jacinto Ruiz 2025 Evaluación del mes trece — resumen consultado
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[24] Sumano y Reyes 2025 Homicidios dolosos — resumen y extractos
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[25] CONEVAL Informe de monitoreo de programas prioritarios 2023 — sección JCF consultada
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[26] STPS Decreto de aseguramiento de 2019 — extracto consultado
https://www.gob.mx/stps/prensa/publica-dof-decreto-presidencial-para-que-jovenes-construyendo-el-futuro-cuenten-con-seguro-social?idiom=es-MX
[27] JCF Registro de instituciones públicas — campo de actividad o giro en extracto
https://www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/empresa_publica
[28] IMSS Puestos de trabajo diciembre de 2025 — extracto del comunicado
https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/014
[29] INEGI ENOE Presentación ejecutiva diciembre de 2025 — extracto consultado
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_1225.pdf
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