Esta evaluación ex post aplica la metodología de dirección de proyectos del Project Management Institute (PMI), adaptada al examen documental: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y realización de beneficios.

El análisis encuentra deficiencias de planeación ejecutiva, aumentos contractuales y una amplia brecha frente a la demanda original de pasajeros. Las ventas y servicios no cubren los gastos de funcionamiento del operador en los periodos examinados, mientras los beneficios del servicio regular de carga siguen diferidos.

La revisión ambiental abarca toda la obra. Identifica autorizaciones, incumplimientos específicos y condicionantes cuya ejecución material no quedó acreditada. También examina las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las respuestas aceptadas y las preguntas que permanecen sobre la oportunidad y suficiencia de su seguimiento.

El informe separa pasajeros, carga, infraestructura compartida e impacto ambiental. Distingue inversión, gasto y apoyos operativos; metas originales y posteriores; resultados definitivos, preliminares y parciales. Los límites de información se señalan expresamente.

La conclusión documentada exige reconstruir y publicar la línea base original, sus modificaciones, las causas de los incrementos contractuales y la aceptación técnica y ambiental. Inaugurar, aumentar usuarios o solventar una observación documental no demuestra por sí solo que se cumplieron los beneficios que justificaron la inversión.

Informe completo

El documento adjunto contiene 22 capítulos, tablas comparativas, conclusiones, fuentes enlazadas y anexos de auditorías. Incluye el examen de los equipos de carga, los permisos ambientales, la deforestación y los señalamientos sobre proveedores de balasto.

Autor: José Alberto Gallego Hopkins
Corte documental: 10 de octubre de 2026

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Esta evaluación reconstruye las promesas de 2018 y examina la operación desde 2019. Su fecha de corte es el 5 de octubre de 2026; ese ejercicio sigue abierto. Se utiliza la denominación del objetivo oficial: jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. El objetivo general vigente es contribuir a su incorporación en actividades productivas mediante capacitación. El empleo formal sostenible se examina como calidad del beneficio, sin atribuir al diseño una garantía de contratación que no establece. [1, 2]

1 Alcance y criterio de evaluación

Se aplica una lógica de gestión de beneficios compatible con PMI: justificación → objetivos → entregables → resultados → beneficios sostenidos. Es una evaluación documental propia, no una auditoría oficial ni una certificación de PMI. No se levantaron encuestas ni se enlazaron padrones individuales con registros del IMSS.

Se distingue entre lo declarado por la autoridad, lo acreditado por documentos administrativos y lo estimado por investigaciones. Un padrón acredita atención; una transferencia acredita apoyo; una constancia registra capacitación. Ninguno de estos elementos, por sí solo, acredita contratación posterior, mejores salarios o permanencia laboral.

El estándar propuesto para el beneficio principal es empleo remunerado después del egreso, separando formalidad, salario y permanencia a 6 y 12 meses. Para medir adicionalidad se necesita comparar ese resultado con el que habrían obtenido jóvenes equivalentes sin participar. Este estándar de evaluación no se atribuye como una meta contractual original del gobierno.

2 Línea base y promesa original

En diciembre de 2018, la STPS anunció una intervención dirigida a 2.3 millones de jóvenes mediante capacitación y tutoría en centros de trabajo. La finalidad era facilitar su incorporación productiva. El discurso de seguridad también incorporó al programa como una de sus estrategias sociales. [1, 3]

La cifra de 2.3 millones identifica un alcance anunciado; no debe transformarse retrospectivamente en 2.3 millones de empleos creados ni fijarse un plazo anual o sexenal sin el documento que lo establezca. Para valorar cumplimiento temporal hay que conservar cada versión de la meta y su fecha de aprobación.

CONEVAL documentó cambios tempranos: en 2019 el objetivo general se refería a empleabilidad e inclusión en el mercado laboral; en 2020 pasó a inclusión en actividades productivas. También señaló diferencias en la definición del problema público y limitaciones en la caracterización socioeconómica. Registró 1,120,543 jóvenes atendidos en 2019 frente a una meta operativa de un millón. [4]

La conclusión de diseño es doble: se puso en marcha una intervención pertinente para jóvenes excluidos y se alcanzó la meta operativa reportada de 2019; al mismo tiempo, el cambio de objetivo exige controlar qué se considera éxito. No es válido juzgar todas las cohortes con la definición más amplia adoptada después.

3 Alcance real y permanencia

La STPS informó en junio de 2026 un acumulado de 3.5 millones de jóvenes y 168 mil millones de pesos de inversión. Para ese año reportó 362 mil incorporaciones frente a una meta de 500 mil. En agosto comunicó 3.6 millones de beneficiarios acumulados. Son declaraciones administrativas con diferentes fechas de corte, no mediciones de contratación. [5, 6]

El avance de junio equivale a 72.4% de la meta anual, compatible con el 72% redondeado comunicado. No demuestra cumplimiento final de 2026. El crecimiento acumulado tampoco equivale a una reducción del mismo tamaño en la población que no estudia ni trabaja, que cambia por edad, entradas, salidas y condiciones económicas.

Para reconstruir permanencia se requiere un flujo de personas únicas: ingreso, meses pagados, interrupción, cambio de centro, baja, conclusión y seguimiento. Los conteos anuales de personas apoyadas pueden incluir a un mismo joven en dos ejercicios. Por ello no se suman automáticamente como beneficiarios únicos acumulados.

No se obtuvo en esta revisión una serie anual conciliada de egresos, abandonos y meses efectivamente cursados. Esto impide estimar una tasa nacional de conclusión reproducible. Se trata de una limitación de lo recuperado, no de una afirmación de que la STPS carezca de esos registros.

3.1 Edad, sexo, escolaridad y estado civil

La edad de elegibilidad es de 18 a 29 años al momento de postularse. Este intervalo no es una distribución de las edades efectivas de los participantes. Para evaluar resultados se propone separar 18–20, 21–24 y 25–29 años, conservando la edad al ingreso y al egreso. No se recuperó una tabla nacional conciliada que cruce estos grupos con conclusión, empleo posterior y permanencia. [2]

Sexo, escolaridad y estado civil deben analizarse junto con las responsabilidades de cuidado, región y situación laboral inicial. Permiten comprobar si la intervención ofrece oportunidades y resultados diferentes entre grupos. El estado civil por sí solo no demuestra cargas de cuidado ni constituye un criterio de elegibilidad. No se asignan porcentajes ni se supone que estas variables estén disponibles cuando no se recuperaron datos que los sustenten.

NO TRANSPARENCIA — Perfil y resultados: en el expediente público examinado no se encontró una base o tabulación nacional reproducible que vincule edad, sexo, escolaridad y estado civil con egreso, baja, formalidad, salario y permanencia. Para evaluar, el Gobierno debería publicar agregados anonimizados por cohorte, con definiciones, denominadores, datos faltantes y fecha de corte. Publicar un perfil de beneficiarios sin su resultado posterior no cierra esta brecha.

3.2 Bajas, deserción y terminación

Una baja no equivale automáticamente a deserción voluntaria ni a fracaso. Deben separarse abandono, decisión del centro por desempeño o incumplimiento, problemas de capacitación, cambio de centro, motivos personales, retorno a estudios, obtención de trabajo y conclusión del periodo. Son categorías que deben investigarse, no causas cuya frecuencia haya quedado acreditada en esta revisión. Una desvinculación puede preceder a una nueva oportunidad de capacitación. [2]

Encontrar trabajo y salir del programa tampoco demuestra, por sí solo, éxito atribuible a la intervención: el joven pudo conseguirlo por búsqueda propia, contactos o condiciones del mercado. Puede constituir un resultado favorable individual; su adicionalidad requiere comparación. De igual manera, concluir el periodo no demuestra contratación ni salida sostenible de la condición de no estudiar ni trabajar.

NO TRANSPARENCIA — Trayectorias: no se encontró en el expediente examinado una serie nacional conciliada de ingresos, interrupciones, cambios de centro, bajas por causa, reincorporaciones y conclusión, enlazada con seguimiento posterior. El Gobierno debería presentar este flujo por cohorte, con personas únicas, meses efectivamente cursados y tasas calculadas sobre denominadores explícitos; las pérdidas de seguimiento deben permanecer visibles.

4 Presupuesto y ejercicio

Las cifras siguientes están en millones de pesos nominales. Se evita mezclar el presupuesto total del Ramo 14 con el programa, y los anexos transversales con el monto total. Un presupuesto modificado tampoco se confunde con recursos ejercidos.

¹ Monto aprobado redondeado que reportó CONEVAL. ² Cálculo propio: 21,115.443 de subsidios y seguro más 340.4932 de operación, según ASF. ³ Asignación a la Unidad del Programa, no conciliada aquí con todos sus programas presupuestarios. En 2023 la misma fuente registra 22,282.9 ejercidos por esa unidad; no se presentan como gasto exclusivo de S280. No se calcula un total anual 2019–2025 con este hueco.

La variación de 2019 fue −40.2% respecto de lo aprobado. En 2024 fue −2.3% y en 2025 −0.8%, aproximadamente. Son diferencias frente al presupuesto original; no se denominan automáticamente subejercicio legal, que requiere examinar el modificado y el devengado. [7, 12, 13]

El gasto acredita recursos aplicados a la intervención; no acredita rentabilidad social. La reducción inicial sugiere una diferencia importante entre capacidad presupuestada y ejecución, pero no identifica por sí sola la causa. Tampoco puede concluirse despilfarro por el solo hecho de que no exista una cifra recuperada de costo por empleo.

4.1 Costo administrativo y composición de la inversión

La inversión anunciada debe desagregarse en apoyos económicos, seguro médico y operación. Dentro de operación deben identificarse los conceptos financiados: personal, plataforma, verificaciones, supervisión, evaluación y otros gastos, sin duplicar erogaciones registradas en otras unidades. El presupuesto autorizado para operación no equivale al gasto administrativo efectivamente ejercido.

La auditoría de 2022 permite identificar 340.4932 millones de pesos de operación dentro de los 21,455.9362 millones aquí reconstruidos: aproximadamente 1.59%. Es un dato de ese ejercicio y del alcance de esa fuente; no se extrapola como porcentaje administrativo de toda la historia del programa. [10]

NO TRANSPARENCIA — Costo integral: no se encontró una conciliación acumulada reproducible que permita separar subsidios, seguro y administración para todas las cohortes y vincularlos con resultados sostenibles. El Gobierno debería publicar gasto aprobado, modificado y ejercido por concepto y año, su conciliación con Cuenta Pública y una metodología de asignación por cohorte. La cifra de 177 mil millones mencionada durante la revisión no se adopta como gasto confirmado: falta identificar fuente, fecha de corte y composición. Se conserva el corte documentado de 168 mil millones comunicado en junio de 2026. [5]

5 Capacitación y controles

La calidad debe evaluarse en lo aprendido y su utilidad laboral: competencias iniciales y finales, tareas realizadas, calidad del tutor, pertinencia de la especialidad y reconocimiento de habilidades. La duración administrativa no garantiza aprendizaje efectivo. La valoración del tutor también necesita una verificación que evite depender exclusivamente de quien recibe el trabajo del aprendiz.

La auditoría ASF 359 de la Cuenta Pública 2022 registró 5,110,902.36 pesos pendientes por aclarar al emitir el informe; documentó problemas de evaluaciones mutuas y una promoción de responsabilidad vinculada con 355 tarjetas extraviadas o robadas no reportadas. Son observaciones y procedimientos, no una sentencia de corrupción. No se confirmó aquí su estado posterior de solventación. [10]

La auditoría ASF 395 de la Cuenta Pública 2024, concluida el 26 de enero de 2026, determinó ocho resultados sin irregularidades y cumplimiento general en su alcance de gestión financiera. Revisó una muestra de subsidios equivalente al 97.2% del universo seleccionado. Este resultado favorable debe incorporarse; no es una evaluación causal de empleabilidad. [14]

El juicio sobre control es, por tanto, temporal y específico. No procede extender las deficiencias de 2022 como hecho probado de 2026; tampoco extender una auditoría financiera favorable a la calidad de todas las capacitaciones. La supervisión de centros debe complementarse con evidencia de competencias y resultados de egreso.

6 La evolución del indicador de empleo

La diferencia aritmética entre 46.2% y 23.6% es 22.6 puntos porcentuales; la razón es aproximadamente 1.96. Ninguna de estas operaciones sustituye la estimación causal ajustada. El comunicado de 2021 también menciona un aumento de probabilidad de 26.7%, cuya unidad y especificación no se reconstruyeron aquí: no se mezcla con la diferencia bruta. [15]

No se construye una curva 46.2 → 60 → 70 como si fuera mejora homogénea. Deben coincidir población, cohortes, periodo, definición de empleo y método. En junio de 2026, la STPS incluyó encontrar una ocupación, incorporarse a un empleo o retomar estudios. El retorno a estudios debe presentarse como beneficio educativo separado del empleo. Esa ampliación exige identificar el numerador exacto del siete de cada diez. [5]

La mención de datos del INEGI identifica el origen de la encuesta, no convierte automáticamente la interpretación del gobierno en una conclusión del INEGI. Una encuesta transversal no sigue necesariamente a cada egresado antes y después de capacitarse. La afirmación nacional requiere ficha técnica, código de estimación y medidas de incertidumbre.

7 Evidencia de beneficios y adicionalidad

La evidencia favorable existe. Ortiz Figueroa y coautores publicaron en 2026 una estimación con ENIGH 2020 y 2022 y emparejamiento, con efectos positivos y diferencias regionales. El resumen reporta un ATT de 0.44 en el sur sureste y 0.536 en el norte. No se convierten aquí esos efectos en tasas de colocación equivalentes al 70% oficial: responden a otra definición y estimación. [19]

Un estudio de Guerrero para 2022 mediante emparejamiento encontró aumentos de ingreso entre participantes, incluidos ingresos laborales y transferencias. El beneficio de ingreso es relevante, aunque una transferencia contemporánea no equivale a mejora permanente después del egreso. Los autores presentan cantidades expandidas; no deben confundirse con el número de entrevistas individuales. [20]

La OCDE recogió en 2024 una razón favorable de 2.7 veces en la posibilidad de empleo, citando STPS y CONASAMI. Ese reconocimiento no constituye una nueva evaluación independiente del padrón ni una verificación nacional de duración del empleo. [21]

Los métodos de emparejamiento e inferencia observacional son útiles, pero dependen de supuestos sobre selección y comparabilidad. Motivación, redes previas o disposición a buscar trabajo pueden influir en ingreso y empleo. La pandemia y la recuperación también cambian las oportunidades. Esta limitación no invalida automáticamente los estudios; acota su interpretación.

El balance de adicionalidad es favorable pero condicionado: la literatura recuperada sustenta que el programa puede mejorar la inserción. No permite trasladar una magnitud estimada para determinadas encuestas a todos los beneficiarios de 2019–2026, ni afirmar que cada persona empleada después de participar obtuvo ese empleo exclusivamente gracias al programa.

8 Formalidad salario y duración

Un estudio exploratorio de 37 egresados de 2024 en Los Mochis reportó 45.9% con empleo formal conservado por más de seis meses. También registró beneficios de calidad de vida y redes profesionales. Su tamaño y ámbito impiden generalizar ese porcentaje al país; aporta un ejemplo de medición de permanencia, no una refutación nacional del 70%. [22]

Jacinto Ruiz analizó la estrategia mes trece usando registros del SNE de 2020–2024. Reportó una asociación negativa de la empleabilidad formal y advirtió limitaciones en la verificación del grupo de comparación. Se considera señal para investigar ese componente, no demostración de que el programa completo reduzca el empleo. La selección de quienes requieren ayuda del SNE puede diferir de la de otros egresados. [23]

El seguro médico durante la capacitación es un beneficio distinto de una relación laboral formal posterior. Para certificar formalidad al egreso se necesita separar la cobertura del aprendiz de un alta como trabajador, con fecha, patrón, salario y permanencia. El empleo informal o el autoempleo pueden producir ingreso real, pero deben publicarse en categorías independientes.

No se obtuvo una distribución nacional conciliada de salarios posteriores ni de permanencia a 6 y 12 meses por cohorte. Por ello no se certifica una mejora salarial permanente nacional. El dictamen es insuficiencia de evidencia recuperada para esa afirmación, no ausencia demostrada de beneficio.

8A Contraste de contratación y permanencia

La participación no constituía contratación formal garantizada. Los convenios de 2026 excluyen una relación laboral y una promesa de trabajo; establecen una relación de tutor y aprendiz. La contratación posterior debe acreditarse por separado. Esta es la descripción del diseño normativo, no una resolución sobre posibles relaciones laborales de hecho en centros particulares. [2]

El gobierno federal cubría las cuotas del seguro con presupuesto de la STPS. La protección comprendía prestaciones en especie por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante la participación. Estar asegurado como aprendiz no acredita empleo asalariado ni aportaciones patronales por contratación. No debe contarse automáticamente como empleo formal creado. [26]

La plataforma registra al centro de capacitación y solicita actividad o giro; las reglas exigen un plan de actividades. Deben distinguirse el sector del centro, las tareas aprendidas y la ocupación desempeñada después del egreso. No se recuperó una base nacional pública que concilie esas dimensiones con el empleador posterior, salario y duración. Esto no significa que la autoridad carezca de registros internos. [2, 27]

La afirmación de la dependencia ejecutora se trata como hipótesis verificable. No se presume que toda cifra oficial sea falsa, pero un comunicado no constituye validación suficiente. Los registros administrativos y las encuestas permiten contrastar definiciones y resultados; su utilidad depende de que sus métodos sean públicos y reproducibles.

Como contraste agregado, en diciembre de 2025 el IMSS registró 22,517,076 puestos de trabajo y un crecimiento anual de 278,697. El comunicado distingue esos puestos de 23,895,124 afiliaciones asociadas a un patrón, incluyendo beneficiarios de la reforma de plataformas digitales. Confundir afiliaciones con puestos produciría una lectura incorrecta. Estas cifras describen todo el mercado, no las contrataciones de egresados de JCF. [28]

La ENOE situó la informalidad laboral en 54.6% de la población ocupada en diciembre de 2025. Encontrar una actividad productiva no basta, por tanto, para acreditar formalidad. Esta tasa nacional no es la tasa de los egresados y no identifica cuántos volvieron a no estudiar ni trabajar. Se utiliza 2025 como año cerrado de referencia, no como dato más reciente de 2026. [29]

El aumento o caída del empleo formal nacional sirve como contexto, pero no demuestra por sí solo éxito o fracaso del programa. La variación neta reúne altas y bajas de toda la economía; no equivale a contrataciones brutas de beneficiarios. La atribución requiere jóvenes comparables sin participación, tendencias previas y control de condiciones regionales.

La prueba decisiva sería enlazar, bajo protección de datos, el padrón y fecha de egreso con altas y bajas posteriores en el IMSS y registros correspondientes de otros regímenes. Debe excluirse el seguro de aprendiz como prueba de contratación y verificarse salario, empleador y continuidad a 6, 12 y 24 meses. Se realizó aquí el contraste agregado y documental; no se ejecutó un cruce individual de bases que no estuvieron disponibles.

Por cohorte deben conservarse los denominadores y reportarse ingreso, conclusión, abandono y falta de seguimiento. Para quienes egresan: contratación en el mismo centro o en otro, empleo público, trabajo independiente, formalidad y ocupación. La situación posterior debe separar desempleo con búsqueda activa, informalidad, regreso a estudios e inactividad. La ausencia de alta en el IMSS no demuestra por sí sola que una persona no estudie ni trabaje.

Los registros del SNE permiten verificar colocaciones de quienes solicitan sus servicios, pero ese grupo no representa automáticamente a todos los egresados. Los estudios externos aportan un contraste adicional; deben evaluarse por método y población, no por coincidir con el discurso oficial o contradecirlo.

Dictamen de contraste: la evidencia recuperada no responde con una cifra nacional verificable cuántos lograron una salida duradera de la condición de no estudiar ni trabajar ni cuántos regresaron a ella. El siete de cada diez no acredita permanencia; tampoco autoriza a clasificar a los otros tres como personas sin estudio ni trabajo. El vacío es de acreditación del resultado sostenible, no una prueba de ausencia total de beneficios.

8.1 Centros de trabajo, empresas y giros

Centro de trabajo no es sinónimo de empresa privada: el programa admite personas físicas y morales, instituciones públicas y organizaciones sociales. Un centro registrado tampoco equivale a un centro activo ni a un empleador que contrató egresados. La evaluación debe distinguir centros, sucursales, espacios ofrecidos, aprendices efectivamente recibidos y contrataciones posteriores. [2, 27]

NO TRANSPARENCIA — Centros y contratación: no se recuperó un total nacional conciliado de centros activos por año, clasificación por giro y contratación posterior que permita evaluar esta cadena. El Gobierno debería publicar número de centros y sucursales sin duplicidades, sector público o privado, giro, tamaño y ubicación, aprendices recibidos, egresos, bajas y contrataciones, con salario y permanencia. El giro del centro, la tarea aprendida y la ocupación posterior deben aparecer por separado.

9 Costos y beneficios

Con el corte oficial de junio, 168,000 millones divididos entre 3.5 millones equivalen a 48,000 pesos nominales por beneficiario acumulado. Es un cociente descriptivo de cifras redondeadas comunicadas por la STPS; no un costo de capacitación completa ni una cuenta financiera conciliada. No se combina la cifra de gasto de junio con los 3.6 millones anunciados en agosto. [5]

Aplicar 70% al total de 3.5 millones produciría 2.45 millones y un cociente de 68,571 pesos. Ese cálculo no es válido como costo por empleo: incluye participantes sin egreso, presupone una tasa homogénea y no distingue empleo que habría ocurrido de todas maneras. Se muestra para explicar el error, no como resultado del programa.

El indicador correcto sería gasto de una cohorte dividido entre empleos formales adicionales sostenidos de esa misma cohorte. El denominador debe estimarse frente a un contrafactual comparable. Para una evaluación económica se añadirían aumentos de ingreso netos, costos de tiempo y administración, efectos sobre empleadores y duración de beneficios, con supuestos explícitos de descuento.

No se puede calcular con rigor ese costo nacional con lo recuperado. Tampoco se acreditó desplazamiento de trabajadores o sustitución de nómina en escala nacional. Son riesgos que deben medirse mediante contratación y rotación de los centros, no presentarse como hechos por intuición.

10 Seguridad y efectos sociales

La promesa de alejar jóvenes de actividades delictivas tiene una justificación plausible, pero exige indicadores propios. Sumano y Reyes analizaron homicidios con series de tiempo nacionales y comparaciones estatales; observaron reducciones nacionales, aunque el análisis por entidad apuntó a otros factores. No ofrecen una base suficiente para atribuir al programa la reducción de homicidios del país. [24]

No se mide reclutamiento criminal contando becas. Harían falta resultados locales comparables, exposición efectiva, tendencias previas y control de intervenciones de seguridad concurrentes. Una asociación temporal puede coincidir con el programa sin haber sido causada por él. A la inversa, no detectar reducción de homicidios no elimina beneficios de ingreso, salud o inclusión.

11 Matriz de beneficios frente a promesas

Los dictámenes de esta matriz son juicios de la presente evaluación sobre el expediente recuperado; no semáforos oficiales. CONEVAL sí documentó en 2023 una mejora en la orientación de indicadores de JCF, aunque persistía la necesidad de ajustes para medir adecuadamente sus resultados. [25]

12 Conclusión ex post

Esta evaluación ex post no permite concluir que Jóvenes Construyendo el Futuro sea un éxito integral. Tampoco permite demostrar que sea un fracaso integral. Esa falta de un dictamen concluyente sobre sus beneficios sostenibles es uno de sus problemas más graves.

Hay productos acreditados: atención, transferencias, capacitación y cobertura médica durante la participación. También existe evidencia favorable sobre inserción laboral e ingresos, cuyo alcance debe reconocerse, y una auditoría financiera favorable para 2024. Estos hallazgos no deben borrarse para endurecer una conclusión. Tampoco permiten certificar que siete de cada diez obtengan empleo formal permanente gracias al programa. [14, 15, 19–21]

Después de años de operación y miles de millones de pesos destinados a la intervención, el Gobierno debería poder explicar cuántos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban consiguieron un empleo, cuántos conservaron ese empleo a seis, doce y veinticuatro meses, cuántos retomaron estudios, cuántos volvieron a no estudiar ni trabajar y cuánto costó cada inserción adicional sostenible. Con la documentación pública examinada, esas preguntas no pueden responderse de manera integral y reproducible.

El indicador de empleo u ocupación productiva reúne resultados que deben distinguirse. El retorno a estudios es un beneficio educativo; el trabajo informal, el autoempleo y el empleo formal tienen características diferentes. Encontrar una ocupación después de participar no demuestra por sí solo que se obtuvo gracias a la intervención. El seguro del aprendiz, financiado por el Gobierno, tampoco acredita contratación patronal. [2, 5, 18, 26]

NO TRANSPARENCIA significa aquí que no se encontró información pública suficiente y articulada para reproducir las mediciones señaladas. No significa que toda la información del programa sea secreta ni que la autoridad carezca de registros internos. El alcance de esta revisión y las fuentes consultadas se explicitan para que sus conclusiones puedan discutirse y verificarse.

La insuficiencia de datos no prueba malos resultados ni ocultamiento deliberado. Sí impide aceptar como comprobado el éxito integral que se proclama. La carga de documentar los beneficios corresponde a quien administra los recursos y afirma haberlos obtenido; no puede trasladarse a la sociedad mediante comunicados y cifras de cobertura.

El hallazgo central es una falla de rendición de cuentas sobre el resultado sostenible: la información examinada no permite reconstruir suficientemente la cadena entre gasto, capacitación, empleo posterior, permanencia y adicionalidad. Contar becas o capacitaciones mide lo que la intervención hizo; comprobar beneficios exige conocer lo que ocurrió después y compararlo con lo que habría sucedido sin participar.

El Gobierno debe publicar un seguimiento por cohortes, conciliado con registros laborales y encuestas, con definiciones estables, denominadores, pérdidas de seguimiento, costos e incertidumbre. Los resultados deben desagregarse por edad, sexo, escolaridad, región y características del centro; el estado civil y las responsabilidades de cuidado pueden incorporarse mediante información agregada protegida.

Jóvenes Construyendo el Futuro no ha demostrado en el expediente público examinado, con información suficiente, replicable y longitudinal, un éxito integral y sostenible proporcional a los recursos invertidos. Un éxito que no puede demostrarse no puede presentarse como un éxito comprobado.

Fuentes y alcance de consulta

Consultadas el 5 de octubre de 2026. Los números entre corchetes remiten a estas fuentes. Se usaron paráfrasis y cálculos identificados; no se transcribieron pasajes extensos. “Extracto” significa que no se obtuvo el documento íntegro.

[1] STPS 2018 Apertura de inscripción — extracto

Consultar fuente

[2] DOF Reglas de operación 2026 — texto consultado

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[3] SSPC 2018 Mensaje de Alfonso Durazo — extracto

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[4] CONEVAL Comunicado 10 de 2020 — documento consultado

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[5] STPS Avance de junio de 2026 — extracto

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[6] STPS Tamaulipas agosto de 2026 — extracto

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[7] CEFP Nota 104 de 2024 — extractos de cuadros

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[8] CEFP Nota 47 de 2022 — extractos

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[9] SHCP Cuenta Pública 2021 Ramo 14 — extractos

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[10] ASF Auditoría 359 Cuenta Pública 2022 — documento consultado

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[11] SHCP Cuenta Pública 2023 clasificación administrativa — extracto

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[12] SHCP Cuenta Pública 2024 Ramo 14 — extracto

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[13] SHCP Cuenta Pública 2025 Ramo 14 — extracto

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[14] ASF Auditoría 395 Cuenta Pública 2024 — documento consultado

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[15] STPS 2021 Posibilidad de empleo — extractos

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[16] CONASAMI Estudio ENIGH 2022 — ficha localizada sin lectura íntegra

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[17] Presidencia 29 de noviembre de 2024 — extracto

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[18] STPS Siete de cada diez 2026 — extracto del título y cuerpo

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[19] Ortiz Figueroa y coautores 2026 Inserción laboral — resumen consultado

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[20] Vázquez Elorza y coautores Caso de Guerrero — resumen consultado

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[21] OCDE 2024 Job Creation and Local Economic Development — sección consultada

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[22] Grijalva Escalante y coautores Estudio en Sinaloa — resumen consultado

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[23] Jacinto Ruiz 2025 Evaluación del mes trece — resumen consultado

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[24] Sumano y Reyes 2025 Homicidios dolosos — resumen y extractos

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[25] CONEVAL Informe de monitoreo de programas prioritarios 2023 — sección JCF consultada

Consultar fuente

[26] STPS Decreto de aseguramiento de 2019 — extracto consultado

https://www.gob.mx/stps/prensa/publica-dof-decreto-presidencial-para-que-jovenes-construyendo-el-futuro-cuenten-con-seguro-social?idiom=es-MX

[27] JCF Registro de instituciones públicas — campo de actividad o giro en extracto

https://www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/empresa_publica

[28] IMSS Puestos de trabajo diciembre de 2025 — extracto del comunicado

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/014

[29] INEGI ENOE Presentación ejecutiva diciembre de 2025 — extracto consultado

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_1225.pdf

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Cuando el gobierno se confunde con la patria

Hay palabras que pertenecen a una nación y que ningún gobierno debería apropiarse.

Soberanía. Injerencia. Patriotismo.

Las tres tienen un significado legítimo.

México es un país soberano. Ninguna potencia extranjera debe decidir por los mexicanos. Una verdadera injerencia en nuestros procesos políticos debe rechazarse. Y el patriotismo, entendido como compromiso con México y no con un gobierno determinado, es perfectamente respetable.

El problema comienza cuando esas palabras dejan de utilizarse solamente para defender al país y empiezan a utilizarse para defender al poder.

Eso es lo que debemos observar rumbo a 2027.

No hace falta imaginar una conspiración ni conocer un plan secreto. Basta observar el lenguaje político, la concentración de poder y algo mucho más elemental: el interés de cualquier fuerza gobernante por conservar el poder que ya tiene.

Morena gobierna la Presidencia de la República, cuenta con una enorme presencia en los gobiernos estatales y dispone, junto con sus aliados, de mayorías legislativas. Durante estos años también se han producido transformaciones profundas en el Poder Judicial y en instituciones fundamentales del Estado.

En ese contexto, la elección intermedia de 2027 tiene una importancia especial.

Porque una democracia no se pone verdaderamente a prueba cuando quien gobierna vuelve a ganar.

Se pone a prueba cuando puede perder.

Y es precisamente antes de esa elección cuando tres palabras aparecen una y otra vez en el discurso político:

soberanía, injerencia y patria.

Soberanía

La soberanía no pertenece a la presidente.

No pertenece a Morena.

No pertenece al Congreso.

Pertenece a los mexicanos. A todos.

A quienes votaron por este gobierno y a quienes votaron en su contra.

A quienes lo apoyan, a quienes lo critican y a quienes quieren sustituirlo democráticamente.

Esto requiere una precisión porque también la palabra “pueblo” puede ser apropiada políticamente.

Cuando desde el poder se habla constantemente de “el pueblo” para referirse, en los hechos, a quienes respaldan determinado proyecto político, ocurre una sustitución peligrosa: una parte de los mexicanos empieza a hablar en nombre de todos los mexicanos.

El pueblo de México no es una corriente política.

No es una mayoría electoral permanente.

No es Morena.

Tampoco es la oposición.

Somos todos los ciudadanos, pensemos como pensemos y votemos como votemos.

Una mayoría puede elegir un gobierno.

No se convierte en propietaria de la nación.

Ésa es una diferencia fundamental.

Porque cuando el gobierno se identifica con “el pueblo”, después puede identificar sus decisiones con la voluntad popular.

Y entonces aparece una cadena políticamente muy poderosa:

Gobierno = pueblo.

Pueblo = nación.

Nación = patria.

Defender al gobierno = defender la patria.

Atacar al gobierno = atacar a México.

Ahí está el riesgo.

Un ciudadano que se opone al gobierno no deja de formar parte del pueblo.

Un periodista que cuestiona al gobierno no deja de ser mexicano.

Un empresario que critica una política pública no ataca por ello a la nación.

Un partido que busca derrotar electoralmente al gobierno no está intentando derrotar a México.

Y un ciudadano que cambia su voto no traiciona a nadie.

Está ejerciendo precisamente la soberanía que se invoca en su nombre.

Por eso hay una diferencia que no debemos permitir que desaparezca:

Defender al gobierno no es defender la soberanía.

Defender la soberanía también significa defender el derecho de los mexicanos a cambiar de gobierno.

Injerencia

La segunda palabra es todavía más poderosa políticamente:

injerencia.

Una verdadera intervención extranjera en las decisiones soberanas de México debe rechazarse.

Pero no todo lo que sucede fuera de México constituye una intervención contra México.

Un país extranjero ejerce su propia soberanía cuando aplica sus leyes dentro de su jurisdicción, investiga delitos que le corresponden, decide quién puede ingresar a su territorio o adopta decisiones dentro de sus propias facultades.

México puede estar de acuerdo o en desacuerdo.

Puede protestar.

Puede responder diplomáticamente.

Puede defender sus intereses.

Pero existe una enorme diferencia entre una decisión extranjera que incomoda al gobierno mexicano y una injerencia en la soberanía mexicana.

Borrar esa frontera sería políticamente muy útil.

Porque entonces “injerencia” dejaría de describir una conducta determinada y se convertiría en una categoría suficientemente elástica para abarcar aquello proveniente del exterior que resulte políticamente inconveniente.

Pero hay otra injerencia de la que se habla mucho menos.

La que puede ejercerse desde dentro.

Si injerencia significa intervenir indebidamente en una competencia que debería decidir libremente el ciudadano, entonces la vigilancia democrática no puede dirigirse solamente hacia Washington o hacia cualquier otro gobierno extranjero.

También tiene que mirar hacia el poder político mexicano.

Porque una elección puede ser afectada desde fuera.

Pero también puede ser condicionada desde dentro.

Puede ocurrir cuando quien gobierna utiliza las ventajas del poder antes de que comience formalmente una campaña; cuando las fronteras entre gobierno, partido y promoción política se vuelven cada vez menos claras; cuando las reglas se modifican desde posiciones de mayoría; cuando las instituciones electorales toman decisiones que alteran las condiciones de competencia; o cuando el aparato público adquiere un peso que ningún adversario puede reproducir.

No hace falta convertir esta reflexión en un catálogo de irregularidades.

El punto político es otro:

¿Por qué hablar solamente de una posible injerencia extranjera futura y no de una posible injerencia interna que puede estar ocurriendo antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas?

Ésa es la contradicción.

El mismo poder que pide a los mexicanos estar atentos ante quienes desde el extranjero pudieran intentar influir en nuestras elecciones debe aceptar exactamente el mismo principio hacia dentro:

Nadie debe interferir indebidamente con la libertad del ciudadano para decidir quién gobierna.

Ni Washington.

Ni empresarios.

Ni organizaciones extranjeras.

Pero tampoco el gobierno.

Tampoco el partido gobernante.

Tampoco una mayoría legislativa debería utilizar su fuerza para inclinar las condiciones de la competencia.

Y ninguna institución electoral debería abandonar la obligación de garantizar una cancha imparcial.

Porque la soberanía electoral no solamente puede vulnerarse desde fuera de las fronteras.

También puede vulnerarse desde el poder.

Ahí aparece una paradoja mucho más profunda rumbo a 2027.

Mientras el discurso oficial concentra la atención en la amenaza de una eventual injerencia extranjera, puede terminar relegando la pregunta que debería preocuparnos desde ahora:

¿Quién protege las elecciones de la injerencia interna del propio poder?

Si el gobierno se presenta como representante del pueblo, se atribuye la defensa de la soberanía y al mismo tiempo participa inevitablemente en la definición política de lo que considera injerencia extranjera, existe el riesgo de que la intervención externa se convierta en el gran enemigo visible mientras las ventajas e intervenciones provenientes del poder interno se normalizan.

Eso invertiría completamente el sentido de la soberanía.

Porque la soberanía no consiste en proteger al gobierno de aquello que ocurre en el extranjero.

Consiste, ante todo, en proteger la libertad de los mexicanos para decidir quién debe gobernarlos.

Y esa libertad debe protegerse de cualquier interferencia indebida.

Venga de fuera o venga de dentro.

Patriotismo

Aquí aparece la tercera palabra.

Patria.

Probablemente la más poderosa de las tres.

La soberanía puede discutirse institucionalmente.

La injerencia puede analizarse mediante hechos.

Pero la patria toca algo diferente: identidad, historia, pertenencia y emoción.

Precisamente por eso debe utilizarse con enorme responsabilidad.

Cuando a un adversario político se le llama “traidor a la patria”, ya no se está diciendo simplemente que está equivocado.

Se está diciendo algo mucho más grave:

que está contra México.

Y cuando dentro del espacio político aparecen expresiones como “muerte a los traidores a la patria”, aunque hayan sido pronunciadas por actores determinados y no constituyan formalmente una posición del Estado, debemos preguntarnos qué ambiente político estamos construyendo para que semejante lenguaje encuentre espacio dentro de una democracia.

Porque una democracia necesita adversarios.

No necesita traidores.

El adversario puede tener razón.

El traidor no.

El adversario puede ganar una elección.

El traidor debe ser derrotado.

El adversario tiene derechos.

El traidor merece castigo.

El adversario sigue formando parte de la comunidad política.

Al traidor se le coloca fuera de ella.

Por eso no es una simple cuestión de palabras.

Es una manera completamente diferente de concebir la política.

Y aquí aparece el verdadero peligro de apropiarse del patriotismo.

Cuando un gobierno se presenta como defensor de la patria, puede terminar presentando la defensa del gobierno como un deber patriótico.

Y cuando eso sucede, la oposición deja de ser simplemente oposición.

Puede convertirse en sospechosa de actuar contra México.

Las tres palabras juntas

Separadamente, soberanía, injerencia y patriotismo son conceptos legítimos.

El problema aparece cuando políticamente empiezan a funcionar juntos.

La secuencia puede ser extraordinariamente sencilla:

El gobierno representa al pueblo.

El gobierno defiende la soberanía.

Quien desde el extranjero cuestiona al gobierno puede ser presentado como alguien que interviene en México.

Quien desde México busca apoyo, denuncia o interlocución en el exterior puede ser acusado de favorecer esa injerencia.

Y quien favorece la injerencia puede terminar señalado como alguien que actúa contra la patria.

El círculo queda cerrado.

Ya no tenemos gobierno y oposición.

Tenemos patriotas y traidores.

Ya no tenemos una disputa sobre políticas públicas.

Tenemos una defensa de la nación.

Ya no tenemos ciudadanos intentando sustituir democráticamente a quienes gobiernan.

Tenemos enemigos tratando de arrebatarle el poder “al pueblo”.

Ésa es precisamente la confusión que una democracia debe impedir.

Porque México no es su gobierno.

México tampoco es Morena.

Como antes tampoco fue el PRI.

Ni el PAN.

Los gobiernos son temporales.

Los partidos son temporales.

México permanece.

El poder frente a 2027

Esta discusión adquiere mayor importancia cuando el partido gobernante dispone de una concentración política e institucional considerable.

Presidencia.

Mayorías legislativas.

Una extensa presencia territorial mediante gobiernos estatales.

Instituciones profundamente transformadas durante los últimos años.

Una enorme capacidad de comunicación desde el Estado.

Y autoridades que tendrán que intervenir en las controversias que puedan surgir alrededor de las elecciones.

No es necesario afirmar que cada institución recibe órdenes de la Presidencia para reconocer el problema.

La pregunta democrática es más sencilla:

¿Qué contrapesos efectivos existen frente a semejante concentración de poder?

Las instituciones democráticas no están diseñadas solamente para impedir que gobiernen quienes pierden.

También deben impedir que quienes ganaron una elección utilicen el poder obtenido para hacer cada vez más difícil perder la siguiente.

Ésa es la función de los contrapesos.

Y ésa es precisamente la razón por la que debemos mirar hacia dentro cuando hablamos de injerencia.

Porque resulta demasiado cómodo imaginar que el peligro para nuestras elecciones solamente puede llegar del extranjero.

El poder capaz de afectar las condiciones de una elección también existe dentro del país.

Y quien dispone del aparato gubernamental posee, por definición, instrumentos que sus adversarios no tienen.

Por eso la pregunta correcta no puede ser solamente:

¿Quién intenta influir desde fuera?

También debe ser:

¿Quién vigila al poder para impedir que intervenga desde dentro en la elección que habrá de decidir cuánto poder conserva?

El verdadero examen

2027 será algo más que una elección intermedia.

Será una prueba.

No solamente para Morena.

También para la oposición.

Para las autoridades electorales.

Para los tribunales.

Para las instituciones mexicanas.

Y especialmente para nuestra capacidad de distinguir tres cosas que nunca deberían confundirse:

Gobierno. Estado. Nación.

El gobierno administra temporalmente el Estado.

El Estado pertenece a todos.

Y la nación es mucho más grande que ambos.

Ningún presidente puede apropiarse de México.

Ningún partido puede apropiarse del pueblo.

Ninguna mayoría electoral puede apropiarse de la patria.

Y ninguna oposición pierde su condición de mexicana por intentar sustituir democráticamente al gobierno.

Tres palabras, tres límites

Quizá la mejor manera de evitar la manipulación de estos conceptos sea regresar a definiciones muy simples.

Soberanía no significa obedecer al gobierno.

Significa que los mexicanos decidimos sobre México.

Y eso incluye nuestro derecho a retirar democráticamente el poder que antes entregamos.

Injerencia no significa cualquier acción extranjera que incomode al gobierno.

Significa una intervención indebida sobre decisiones que corresponden soberanamente a los mexicanos.

Pero esa protección debe operar en ambas direcciones.

La voluntad de los ciudadanos debe protegerse de la injerencia extranjera y de la injerencia interna del propio poder.

Patriotismo no significa apoyar al partido gobernante.

Significa compromiso con México, incluso cuando ese compromiso lleva a cuestionar profundamente a quienes lo gobiernan.

Y falta una cuarta definición:

Oposición no significa traición.

Quizá sea la más importante.

Conclusión

México debe defender su soberanía.

Debe rechazar cualquier verdadera intervención extranjera en sus decisiones.

Y los mexicanos tenemos todo el derecho de sentir orgullo y afecto por nuestro país.

Precisamente por eso debemos cuidar estas palabras.

Porque son demasiado importantes para entregárselas a un gobierno.

La soberanía pertenece a todos los mexicanos.

La patria también.

Ningún partido puede repartir certificados de patriotismo.

Ningún gobierno puede decidir quién forma parte del pueblo según lo apoye o lo critique.

Y ningún gobernante debería convertir su permanencia en el poder en sinónimo de defensa de la nación.

Pero tampoco podemos hablar seriamente de injerencia mirando solamente hacia afuera.

Si queremos proteger la elección de 2027 de influencias indebidas, el principio debe aplicarse completo:

Que nadie desde el extranjero decida por los mexicanos.

Y, con exactamente la misma firmeza:

Que nadie desde el poder decida por ellos.

En democracia, perder una elección no significa que perdió México.

Significa que los mexicanos decidieron otra cosa.

Y aceptar esa decisión —especialmente cuando significa perder poder— es quizá la prueba más importante de soberanía, patriotismo y democracia.

Este 23 de septiembre, Politico reportó que la administración preparaba un posible esquema de suspensión por 90 días. Posteriormente, la Casa Blanca negó que ese plan estuviera siendo preparado.

No existe, por tanto, una prohibición aprobada ni una fecha de entrada en vigor.

Pero el planteamiento existe y ocurre en un momento particularmente delicado: los precios internacionales del diésel han alcanzado niveles récord, los inventarios estadounidenses se encuentran por debajo de sus promedios históricos y las exportaciones de importantes productores de Rusia y Medio Oriente se han reducido.

Para México, esto debe analizarse como un riesgo, no como un pronóstico de desabasto.

Y el riesgo puede comenzar antes de que falte físicamente un litro de diésel.

El primer problema puede ser comenzar a pagar más por la expectativa de que el combustible pueda escasear.

Antes de discutir qué ocurriría si Estados Unidos restringiera sus exportaciones, hay diez preguntas que México debería poder responder hoy.

Las 10 preguntas

1. ¿Cuántos barriles diarios de diésel provenientes de Estados Unidos tendría que sustituir realmente México?

2. ¿Cuántos barriles de inventario físico de diésel existen hoy en México y cuántos días reales de consumo representan?

3. ¿Cuánto diésel pueden producir conjuntamente y de manera sostenible las refinerías mexicanas durante 90 días?

4. ¿Cuánto puede incrementarse específicamente la producción de diésel modificando la mezcla de productos de las refinerías?

5. ¿Cuánta producción de gasolina tendría que sacrificarse para obtener ese diésel adicional?

6. ¿Resultaría más barato importar esa gasolina adicional que importar diésel más caro desde otros mercados?

7. ¿Qué proveedores alternativos han sido cotizados y cuáles son sus precios, volúmenes disponibles y tiempos reales de entrega?

8. ¿Tiene México capacidad portuaria, de almacenamiento y transporte suficiente para recibir y distribuir esos cargamentos adicionales?

9. ¿Qué ocurriría con los fletes nacionales incluso antes de que aparezca una escasez física de diésel?

10. ¿Cuál sería el impacto sobre la inflación bajo diferentes escenarios de precio, duración y disponibilidad?

Estas preguntas permiten distinguir entre una amenaza manejable y una vulnerabilidad energética.

1. ¿Cuánto tendría que sustituir México?

Aquí encontramos una diferencia importante entre las estadísticas de Estados Unidos y las de Pemex.

La Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos registra exportaciones hacia México de 288 mil barriles diarios de destilados en junio de 2026.

De éstos, aproximadamente 283 mil barriles diarios correspondieron a destilados con contenido de azufre de 15 partes por millón o menos.

Pemex, en cambio, reportó importaciones propias de solamente 120.6 mil barriles diarios de diésel durante junio.

No necesariamente existe una contradicción.

La EIA mide las exportaciones estadounidenses totales hacia México bajo la categoría Distillate Fuel Oil.

Pemex reporta las importaciones realizadas por la empresa pública bajo su propia clasificación de diésel.

Puede existir producto importado por empresas privadas y también diferencias entre las clasificaciones.

Por ello sería incorrecto afirmar que México necesariamente tendría que sustituir los 288 mil barriles diarios.

Pero también sería incorrecto considerar que la exposición mexicana se limita a los 120.6 mil importados directamente por Pemex.

Éste es el primer número que el gobierno debería poder precisar.

2. ¿Cuánto diésel produce México realmente?

Los datos oficiales de Pemex muestran una producción de diésel durante 2026 de:

Enero: 276.9 mil barriles diarios

Febrero: 298.7 mil

Marzo: 282.7 mil

Abril: 260.9 mil

Mayo: 252.4 mil

Junio: 251.6 mil

Julio: 289.4 mil

El primer trimestre promedió aproximadamente 286 mil barriles diarios.

Pero los datos también muestran algo importante: la producción puede fluctuar considerablemente.

Por eso una prueba de estrés no debería utilizar simplemente el mejor mes.

La pregunta debe ser:

¿Cuánto puede producir México de manera sostenida durante los 90 días de una eventual interrupción?

3. México continúa importando combustibles

En julio, Pemex produjo aproximadamente:

418 mil barriles diarios de gasolinas

y

289 mil barriles diarios de diésel.

Ese mismo mes importó aproximadamente:

354 mil barriles diarios de gasolinas

y

90.5 mil barriles diarios de diésel.

Esto plantea una cuestión estratégica que adquiere especial importancia ante una posible restricción estadounidense.

4. ¿Producir más diésel y menos gasolina?

Una refinería no funciona con una llave para gasolina y otra para diésel.

La mezcla de productos depende del crudo procesado y de la configuración y funcionamiento de sus diferentes unidades.

Pero dentro de ciertos límites sí puede modificarse el rendimiento hacia determinados productos.

Por ello cada refinería debería poder responder:

¿Cuál es nuestra producción normal de diésel y cuál sería nuestra producción máxima sostenible durante 90 días?

Después aparece la pregunta económica:

¿Qué tendríamos que dejar de producir para conseguirlo?

5. Importar gasolina para producir más diésel

México ya importa grandes cantidades de gasolina.

Por eso, ante una crisis de diésel, la decisión óptima no necesariamente consiste en maximizar indiscriminadamente toda la producción nacional.

Debe maximizarse su valor económico y estratégico.

La comparación correcta sería:

Costo de importar gasolina adicional

contra

costo de importar el diésel que esa producción nacional permitiría sustituir.

Si una restricción estadounidense provoca que el diésel internacional tenga una prima extraordinaria respecto de la gasolina, podría resultar económicamente racional:

producir más diésel en México e importar más gasolina.

Eso debería calcularse ahora, no durante una emergencia.

6. Inventarios: aquí está otra vulnerabilidad

La información oficial de SENER permite dimensionar el problema.

Entre 2020 y 2024 los inventarios mexicanos de diésel promediaron aproximadamente entre 3.4 y 4.6 millones de barriles.

La capacidad instalada fue aproximadamente de 9 millones de barriles.

Eso significa que históricamente se utilizó solamente entre 37.9% y 51.5% de esa capacidad.

Además, la política mexicana de almacenamiento estableció una obligación mínima de inventarios de gasolina y diésel equivalente a cinco días de ventas.

Pero existe una distinción fundamental:

Capacidad de almacenamiento no significa inventario disponible.

La pregunta relevante hoy no es cuántos barriles caben en los tanques mexicanos.

Es:

¿Cuántos barriles de diésel existen físicamente hoy dentro de ellos y dónde están?

Un inventario de algunos días no puede sustituir una interrupción de 90 días.

Pero puede comprar algo extraordinariamente importante:

tiempo.

7. El riesgo empieza antes del desabasto

No necesitamos llegar a una estación sin combustible para experimentar consecuencias económicas.

La cadena puede comenzar antes:

Amenaza creíble de restricción

↓

Expectativa de diésel más caro o escaso

↓

Compras precautorias

↓

Transportistas protegen anticipadamente sus costos

↓

Aumentan fletes o aparecen recargos

↓

Empresas anticipan mayores costos logísticos

↓

Parte del aumento comienza a trasladarse a precios

Por eso el primer riesgo para México no necesariamente es quedarse sin diésel.

Es pagar más por la expectativa de quedarse sin él.

Y el mercado internacional ya está tensionado independientemente de México.

Las interrupciones de refinación y exportaciones en Rusia y Medio Oriente han reducido la oferta mundial y llevado los precios internacionales del diésel a niveles extraordinariamente elevados.

Una restricción estadounidense ocurriría, por tanto, sobre un mercado que ya tiene problemas de oferta.

8. México ya vivió una experiencia útil: 2019

A principios de 2019, durante la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustibles, el cierre de ductos produjo problemas de distribución en diversos estados.

Banco de México estudió posteriormente los efectos de esos problemas de distribución sobre los precios.

No es el mismo fenómeno.

En 2019 el problema fue principalmente de distribución interna.

Una restricción estadounidense sería:

un choque externo de oferta + un mercado internacional tensionado + mayores costos de sustitución + mayores distancias logísticas.

Pero 2019 dejó una enseñanza importante:

las consecuencias económicas pueden comenzar antes de que exista una crisis nacional de abastecimiento.

9. El riesgo inflacionario

El diésel no solamente afecta a quien compra el combustible.

Atraviesa buena parte de la economía:

Diésel → transporte → flete → mercancía → consumidor.

Camiones transportan alimentos y productos industriales.

La agricultura utiliza maquinaria y transporte a diésel.

También lo utilizan construcción, minería y numerosas actividades productivas.

Por eso deberían existir desde ahora escenarios para aumentos efectivos del costo del diésel de:

10%

20%

30%

y un escenario adicional de:

escasez física.

No son equivalentes.

Un aumento de precio es principalmente un choque de costos.

Una escasez física puede provocar además retrasos, interrupciones productivas, acumulación precautoria y problemas de disponibilidad.

Si el episodio se prolonga, existe además el riesgo de que un choque inicialmente temporal termine incorporándose a contratos, expectativas y precios.

10. Conseguir diésel tampoco resuelve todo

Supongamos que México encuentra producto en Europa, Asia, Medio Oriente u otros mercados.

Todavía debe responder:

¿A qué precio?

¿En qué volumen?

¿Cuánto tarda en llegar?

¿En qué puerto se descarga?

¿Existe almacenamiento?

¿Cómo llega después a los principales centros de consumo?

Un barril comprado pero detenido en un barco, puerto o terminal no resuelve el abastecimiento.

Cuatro escenarios

1. No existe prohibición

Estados Unidos mantiene sus exportaciones.

México no enfrenta una interrupción inmediata, pero la amenaza habrá revelado una vulnerabilidad que conviene medir.

Acción: conocer inventarios reales, mantener proveedores alternativos identificados y aprovechar oportunidades para fortalecer existencias.

2. Se anuncia una restricción con periodo de transición

México dispone de días o semanas.

Pero todos los compradores internacionales conocen la misma fecha.

Acción: ejecutar opciones previamente negociadas y aumentar inventarios antes de la entrada en vigor.

3. Restricción inmediata

Desaparece rápidamente una parte del suministro estadounidense.

México tendría que competir por producto en un mercado internacional ya tensionado.

Acción: activar proveedores alternativos, utilizar inventarios y maximizar de manera segura la producción nacional de diésel.

4. Restricción más dificultad para sustituir las importaciones

Éste es el escenario crítico.

Aparecen problemas regionales de disponibilidad además del incremento de precios.

Acción: administración de emergencia de inventarios, priorización logística y protección de cadenas esenciales de suministro.

¿Qué debería hacer México hoy?

No esperar.

Eso no significa comprar desesperadamente ni asumir que Trump impondrá una prohibición.

Significa aprovechar el tiempo.

1. Medir. Determinar la dependencia real del diésel estadounidense y conocer el inventario físico existente.

2. Cotizar. Solicitar desde ahora precios, volúmenes y fechas de entrega a proveedores alternativos.

3. Asegurar opciones. Cuando económicamente resulte conveniente, garantizar capacidad futura de suministro sin esperar a necesitarla.

4. Optimizar las refinerías. Determinar cuánto diésel adicional puede producirse sostenidamente durante 90 días y qué producción tendría que sacrificarse.

5. Preparar la logística. Conocer anticipadamente puertos, terminales, almacenamiento y transporte necesarios para recibir producto alternativo.

Conclusión

Hoy no existe una prohibición estadounidense de exportaciones de diésel.

Incluso la Casa Blanca negó este 23 de septiembre que esté preparando el plan de suspensión por 90 días que había sido reportado horas antes.

Pero Trump sí ha respaldado públicamente estudiar una restricción.

Y el mercado mundial de diésel ya enfrenta precios extraordinariamente elevados y problemas de suministro.

Por eso éste no es un ejercicio para predecir qué decidirá Trump.

Es un análisis de riesgos para México.

El país todavía puede comparar proveedores, fortalecer inventarios, asegurar alternativas, preparar infraestructura y determinar si económicamente conviene producir más diésel aun a costa de importar más gasolina.

Y hay una diferencia fundamental entre actuar hoy y hacerlo después de un eventual anuncio:

Hoy México puede comparar.

Después podría verse obligado a comprar.

Esperar también es una decisión.

La pregunta que debería poder responderse ahora es:

¿Qué estamos haciendo mientras todavía tenemos tiempo?

Fuentes

U.S. Energy Information Administration (EIA). U.S. Exports to Mexico of Distillate Fuel Oil. Datos mensuales de 2026.

Petróleos Mexicanos (Pemex), Base de Datos Institucional. Producción e importaciones de productos petrolíferos. Datos enero-julio de 2026.

Secretaría de Energía (SENER). Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos. Información sobre inventarios y capacidad de almacenamiento de diésel.

Diario Oficial de la Federación. Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

Banco de México. Informe Trimestral Enero-Marzo 2019. Análisis de los efectos de los problemas de distribución de combustibles sobre la inflación.

Reuters. Información publicada el 22 y 23 de septiembre de 2026 sobre la discusión en Estados Unidos de posibles restricciones a las exportaciones de diésel y las condiciones del mercado internacional.

La discusión pública sobre Dos Bocas suele reducirse a dos preguntas: ¿cuánto costó? y ¿ya funciona? Las dos son necesarias, pero no bastan. Un proyecto puede inaugurar una etapa constructiva, iniciar pruebas, producir sus primeros combustibles y todavía estar lejos de la capacidad sostenida que justificó la inversión. También puede operar y generar beneficios pese a desviaciones importantes. Para evaluarlo con rigor hay que preguntar qué proyecto se aprobó, qué se prometió públicamente, qué cambió y qué se obtuvo.

Este análisis utiliza la disciplina de gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI) como marco de evaluación posterior. No sostiene que Pemex estuviera obligado a emplear el PMBOK ni que podamos reconstruir desde fuera todos sus controles internos. El método es sencillo: para cada dimensión distinguimos declaración pública → documento aprobado → cambio autorizado → ejecución → resultado verificable. El control integrado de cambios, en el sentido descrito por el PMI, exige registrar las solicitudes, valorar sus efectos y decidir qué modificaciones entran a una línea base revisada; la realización de beneficios exige seguir el proyecto más allá de la entrega física. [1]

La conclusión central, de entrada: sí existen desviaciones comprobables entre anuncios iniciales y hechos posteriores. También hay una secuencia formal de decisiones: un Caso de Negocio FEL I aprobado en mayo de 2019, su revisión FEL II aprobada en julio de 2020 y un cambio de monto y alcance aprobado por el Consejo de Pemex en agosto de 2022. La existencia de esas autorizaciones impide decir que el proyecto simplemente operó sin control de cambios. Sus anexos financieros, la versión final de la línea base y la conciliación con el costo ejecutado no están expuestos con suficiente detalle para medir públicamente cada variación. [17][18][19]

1. La pregunta anterior a todas las demás: ¿cuál era la Línea Base 0?

El 9 de mayo de 2019, después de declarar desierto el proceso para elegir a un encargado externo, la Secretaría de Energía (SENER) anunció que Pemex y la propia secretaría dirigirían el proyecto. Comunicó inicio de construcción el 2 de junio de 2019, conclusión enmayo de 2022, costo de 160 mil millones de pesos e inversión máxima de 8 mil millones de dólares. Prometió calidad y eficiencia conforme a estándares internacionales. [2]

El gobierno también había anunciado en marzo una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios. En junio presentó un alcance de 17 plantas de proceso y una producción proyectada de170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil de diésel, además de otros productos. [3]

Estos datos forman una línea de compromiso público. No debemos llamarla sin más «presupuesto base aprobado» o «cronograma base controlado». El Caso de Negocio aprobado después contiene una estimación documentada, aunque sus supuestos y anexos no son públicos en forma íntegra.

La diferencia de fechas importa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que el Consejo de Pemex Transformación Industrial (PTRI) aprobó el Caso de Negocio el 28 de mayo de 2019y que el Consejo de Administración de Pemex aprobó el Caso de Negocio y decisiones de contratación el 29 de mayo. Ambos actos son posteriores al anuncio del 9 de mayo. La ASF examinó elementos de factibilidad técnica, costos, proyectos complementarios, metas, rentabilidad, riesgos y beneficios del Caso de Negocio; su informe no reproduce íntegramente el documento. [4][17]

La auditoría de desempeño 409-DE sí permite recuperar unaestimación de inversión FEL I de 166,760.7 millones de pesos para 2019–2022: 2.9% para preinversión y 97.1% para ingeniería, procura y construcción. Se trataba de una estimación clase V, apropiada para la visualización inicial, con intervalo metodológico de −30% a +50%respecto de esa cifra, es decir, aproximadamente 116,732.5 a 250,141.1 millones de pesos. Ese intervalo expresa incertidumbre de la estimación, no una reserva de contingencia aprobada ni un permiso para gastar hasta su límite. La ASF advirtió además que la supervisión de las obras no estaba incluida en aquel costo de inversión. [17]

El Caso de Negocio consideraba inversión en cuatro años y operación a partir de 2023. La ASF reportó que sus escenarios de uso y distribución de crudo requerían análisis frente a los de SENER. Es una referencia interna más concreta que el anuncio de mayo de 2022, pero no sustituye al cronograma detallado aprobado de construcción, pruebas y aceptación. [17]

En la conferencia del 9 de mayo, el presidente López Obrador afirmó que se tenía un «proyecto ejecutivo», aunque faltaba definir proyectos específicos. Esa expresión política no resuelve el estado de madurez de la ingeniería. La ASF encontró que en la documentación del ejercicio 2019 faltaba el entregable denominado «Ingeniería» de FEL II —la etapa de conceptualización—. Pemex aportó después entregables formalizados de FEL I. El Consejo de Pemex aprobó elCaso de Negocio FEL II el 2 de julio de 2020, ya con ingeniería básica, estudios de preinversión y diseño de proceso. No hay prueba suficiente para afirmar que el 9 de mayo de 2019 existía ingeniería detallada y un costo y plazo congelados; tampoco cabe trasladar la observación de 2019 a todo el desarrollo posterior. [4][18]

Cronología de decisiones de Dos Bocas

Las tres decisiones que sí podemos rastrear

Versión o decisión

Fecha y órgano

Qué sabemos

Límite de la evidencia abierta

FEL I, Caso de Negocio

28–29 de mayo de 2019, PTRI y Pemex

Estimación de 166,760.7 millones de pesos; inversión 2019–2022; operación prevista en 2023; clase V. [4][17]

El modelo y varios supuestos financieros fueron clasificados como confidenciales.

FEL II, Caso de Negocio

2 de julio de 2020, Consejo de Pemex

Ingeniería básica y alcance más definido; estimación clase IV. La inversión para construirsubió 9.6% frente a FEL I, principalmente por incorporar cogeneración. [18]

La ASF publica porcentajes, no los importes absolutos del modelo revisado.

Proyecto Integral y cambio de monto y alcance

10 de agosto de 2022, Consejo de Pemex, acuerdo CA-092/2022

Aprobó expresamente el cambio y dejó sin efecto el seguimiento a un punto del acuerdo CA-055/2019 relativo al Caso de Negocio original. [19][20]

El acuerdo remite a un informe con premisas y cifras que no reproduce en el texto público.

En FEL II el costo total proyectado a lo largo del horizonte de evaluación bajó 3.3% mientras la partida de inversión para construcción subió 9.6%. Son denominadores diferentes: una reducción de costos operativos futuros modelados puede coexistir con una inversión inicial mayor. También mejoraron el valor presente neto proyectado (+23.2%) y la tasa interna de retorno (+1 punto porcentual) dentro del modelo, según la ASF. No son rentabilidad realizada ni validación de sus supuestos. [18]

2. Alcance: de la planta anunciada al sistema que debía operar

La capacidad de diseño de 340 mil barriles diarios de crudo y la meta comunicada públicamente de 290 mil barriles diarios combinados de gasolina y diésel son parámetros distintos. El primero mide alimentación de crudo; el segundo, producción de dos familias de combustibles. Además, la ASF atribuye al objetivo FEL I 280 mil barriles diarios adicionales de gasolina y diésel y al modelo FEL II304.8 mil adicionales. No conviene presentar 280, 290 y 304.8 como una sola meta revisada sin reconciliar horizonte, rendimientos y la distinción entre producción total e incremento respecto del sistema existente. Ninguno equivale por sí solo a utilización real, cumplimiento de especificaciones o beneficio económico. [3][17][18]

Una evaluación de alcance debe identificar la totalidad del sistema: 17 plantas, servicios auxiliares, almacenamiento, cogeneración, conexión de crudo, gas, agua y salida de productos. La ASF encontró que FEL II amplió la superficie y agregó infraestructura de electricidad, vapor y agua; vinculó el aumento de inversión en construcción principalmente a la planta de cogeneración. En julio de 2022 SENER describió, entre otras instalaciones, 90 tanques y esferas, cogeneración prevista de 280 MW, gasoducto y acueducto. Hay que precisar qué elementos estaban en cada Caso de Negocio, cuáles eran obras complementarias y bajo qué presupuesto se pagaron. [5][18]

La ASF registró en 2024 que PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID), la filial constructora, aún contabilizaba 357,887 millones de pesos de «obra en proceso» al cierre de ese año. Es un saldo contable acumulado de esa cuenta; no equivale automáticamente al costo total terminado ni permite convertirlo de forma limpia a dólares para compararlo con el anuncio de 2019. [6]

3. Calendario: cuatro fechas que no son intercambiables

Hito

Fecha

Qué acredita la fuente

Qué no acredita por sí sola

Compromiso de terminación

Mayo de 2022

Fecha anunciada el 9 de mayo de 2019

Aceptación técnica de todas las plantas. [2]

Inauguración de «primera etapa constructiva»

1 de julio de 2022

Acto y comienzo anunciado del periodo de pruebas

Producción comercial sostenida a 340 mil barriles diarios. [5]

Inicio de producción de combustibles anunciado por Pemex

3 de agosto de 2024

Pemex informó del inicio de producción y proyectó llegar a 340 mil barriles diarios ese mes

Que la proyección se hubiera alcanzado y sostenido. [7]

Operación continua según Pemex

Febrero de 2025

El Reporte Anual 2025 ubica allí el comienzo de operación continua y describe aumento progresivo del procesamiento. [21]

Aceptación contractual de cada planta o disponibilidad sostenida al nivel de diseño.

Operación observada

Serie mensual 2026

Promedio de crudo efectivamente procesado por mes

Prueba de aceptación contractual o rentabilidad neta. [8]

Entre la fecha prometida de mayo de 2022 y el anuncio de inicio de producción de combustibles del 3 de agosto de 2024 transcurrieron aproximadamente 26–27 meses, según el día exacto de mayo que se tome como fecha base. Esa comparación señala un retraso respecto del beneficio operativo comunicado; no es todavía el cálculo contractual del atraso de la construcción, pues no se dispone aquí del hito aprobado de terminación mecánica ni de su criterio de aceptación. [2][7]

En julio de 2022 SENER informó que la filial había recibido 10,200 millones de dólares a la fecha y llamó al acto «inauguración de la primera etapa constructiva». El mismo boletín describió el inicio de un periodo de prueba. La ASF registró 99.1% de avance físico al cuarto trimestre de 2023 según un informe del Consejo, y aún describía la refinería en pruebas y estabilización al 31 de diciembre de 2024. Pemex ubica el inicio de operación continua en febrero de 2025. Por tanto, porcentaje físico, inauguración, primeras cargas, producción y operación continua son cinco evidencias distintas. [5][22][23][21]

4. Costo: cuatro números, cuatro significados

Fecha

Cifra en dólares

Definición publicada

Lectura metodológica

9-may-2019

8,000 millones

Inversión máxima anunciada

Compromiso público inicial, no la estimación en pesos del Caso de Negocio aprobado semanas después. [2][17]

29-jul-2019

8,134 millones

Nueva inversión máxima comunicada por SENER

+134 millones frente al anuncio, sin que ello pruebe por sí mismo un gasto adicional realizado. [9]

1-jul-2022

10,200 millones

Recursos que SENER dijo que la filial había recibido a esa fecha

Transferencia acumulada comunicada; no costo final ni cifra necesariamente neta de impuestos. [5]

3-ago-2024

16,816 millones

Inversión en la refinería declarada por el director de Pemex

Aproximadamente 2.10 veces el máximo anunciado en mayo de 2019, si se comparan las cifras nominales publicadas; falta reconciliar alcance, impuestos, fecha, tipo de cambio y registro contable. [7]

La cifra de 16,816 millones supera en 8,816 millones de dólares (110.2%) el máximo anunciado de 8,000 millones. Es una comparación válida entre dos declaraciones públicas nominales, no un dictamen de sobrecosto definitivo y auditado de idéntico alcance. No se debe sumar el dinero recibido hasta 2022 a la inversión declarada en 2024; tampoco sumar a ésta los egresos de 2024 sin verificar qué ya contiene.

La estimación FEL I de 166,760.7 millones de pesos ofrece una referencia interna fechada. No debe convertirse a dólares con un tipo de cambio arbitrario para equipararla con el techo anunciado. El acuerdo del Consejo de agosto de 2022 autorizó gestiones presupuestarias por 5,617.6 millones de dólares para continuar actividades en 2022 y 853.3 millones para puesta en operación. Esas partidas describen recursos solicitados para fines y periodo precisos; no constituyen el costo total del proyecto ni deben agregarse mecánicamente a los 16,816 millones declarados en 2024. El acuerdo público no expone el nuevo monto integral que aprobó bajo las premisas del informe al Consejo. [17][19]

La ASF ofrece una mirada complementaria. Para el ejercicio 2024, examinó aportaciones a PTI-ID por 42,696.7 millones de pesos y un universo de egresos sin IVA por 41,998.3 millones, de los que auditó una muestra de 28,814.6 millones (68.6% del universo). Son flujos anuales y categorías distintas: aportación de capital y pago a proveedores. No son dos costos que puedan sumarse. La ASF observó que el proyecto careció de presupuesto programado específico para 2024 y registró cuatro adecuaciones presupuestarias por 42,696.7 millones, autorizadas por las instancias que describe. El hallazgo demanda explicar públicamente cómo se actualizó la línea base integral del proyecto, no afirmar que esas adecuaciones carecían de autorización. [6]

El mismo informe muestra por qué un subtotal contable puede engañar: PTI-ID registra también cuentas vinculadas a Salina Cruz, incluida una deuda con Banobras para su reconfiguración. Ni el activo total de la filial ni toda su deuda pueden presentarse como «costo de Dos Bocas». [6]

La reconciliación seria exige una tabla por año y paquete: presupuesto autorizado, compromisos, contratos y convenios, devengo, pagos, aportaciones, IVA recuperable, saldos pendientes, obra complementaria y fecha de corte; luego una conversión con tipos de cambio explícitos. Esa conciliación aún no puede cerrarse con las cifras públicas citadas aquí.

5. Dirección y cambios: el expediente que falta publicar

Al declararse desierto el proceso para contratar al encargado externo, SENER y Pemex asumieron públicamente la dirección. En abril de 2019 PTRI y PTI-ID firmaron un convenio para preinversión y eventual contratación de un Project Manager Contractor en una primera fase. En diciembre ampliaron la encomienda a las fases restantes: PTI-ID quedó a cargo de contratación y control presupuestario, mientras PTRI conservaba responsabilidades sobre normas y alcances. La ASF identificó en 2019 una propuesta de organización, roles y matriz de responsabilidades que no estaba debidamente formalizada en la revisión. Por eso la pregunta correcta es quién tenía autoridad efectiva para aprobar cada cambio de costo, plazo, alcance y beneficios, y dónde quedó asentado; no una afirmación tajante de que «no hubo director». [4]

La gobernanza formal evolucionó. FEL II actualizó 12 de 15 entregables, incorporó la ingeniería básica y revisó desglose de trabajo, calendario y costo. La ASF recomendó rastrear elementos originales y nuevos en la estructura de desglose. La estimación avanzó de clase V a clase IV (intervalo metodológico de −20% a +35%). También recomendó que el eventual Caso de Negocio FEL III recibiera aprobaciones y opiniones de los órganos correspondientes. El acuerdo CA-092/2022 constituye una aprobación posterior de cambio de monto y alcance, pero el texto público no demuestra por sí solo qué entregables FEL III se aprobaron ni permite reconstruir sus números. [18][19]

La evidencia de cambios contractuales también existe. La ASF identificó 154 modificaciones a 74 contratos durante 2023. Dentro de ellas hubo 67 convenios modificatorios con variaciones de monto asociadas a alcances y volúmenes, trabajos adicionales y ampliaciones de vigencia o entrega de 15 a 474 días. Para 2024 consignó 59 convenios modificatorios y 20 memorandos que cambiaron condiciones sin afectar monto o plazo. Un convenio de contrato no equivale automáticamente a una modificación aprobada de la línea base total, pero cada uno debe poder vincularse con ella o explicarse dentro de la reserva autorizada. [10][6]

La bitácora pública que permitiría evaluar el control integrado debería mostrar, para cada cambio: fecha, solicitud, causa, paquete afectado, autoridad que aprobó, efecto en ruta crítica, costo y contingencia, riesgo, beneficio esperado y versión nueva de la línea base. Las actas de consejo y los convenios son el punto de partida, no el sustituto de esa conciliación.

Dirección del proyecto. El convenio PTRI–PTI-ID y las aprobaciones del Consejo identifican instituciones y facultades. La revisión no identifica en documentación pública una designación nominativa, con fecha y facultades completas, de un director único responsable de integrar alcance, plazo, costo y beneficios durante todo el ciclo. Esa ausencia de evidencia abierta no demuestra que no hubiera responsables internos. La prueba sería el nombramiento y la matriz de autoridad vigentes por etapa. [4]

Comunicaciones. El 9 de mayo de 2019 se comunicó un máximo de inversión y una fecha; el Caso de Negocio se aprobó veinte días después. En julio de 2022 se celebró una primera etapa constructiva; en agosto del mismo año el Consejo aprobó cambios de monto y alcance; la primera producción de combustibles se anunció en agosto de 2024 y Pemex ubicó la operación continua en febrero de 2025. Una comunicación pública trazable habría indicado, en cada hito, versión aprobada del alcance, avance físico, etapa de pruebas, presupuesto actualizado, pronóstico de costo al término y fecha prevista de beneficios. La secuencia de comunicados y acuerdos no presenta esos campos de forma homogénea. Esta es una evaluación de lacomparabilidad de la comunicación, no una inferencia sobre intención de engañar. [2][5][19][7][21]

6. Calidad y riesgos: construir no basta

Los «estándares internacionales» anunciados en 2019 no identifican por sí solos las pruebas de aceptación. Para evaluar calidad hacen falta especificaciones del combustible, pruebas por planta, protocolos de seguridad, disponibilidad y confiabilidad, emisiones autorizadas y medidas, tasa de paros no programados, consumo de energía y agua, capacidad sostenida y entrega formal a operación. La Manifestación de Impacto Ambiental y sus condicionantes dan parte de la referencia ambiental, pero no reemplazan las pruebas de desempeño industrial. [2][11]

La ASF identificó en 2019 103 riesgos para dos componentes tempranos y 605 acciones de mitigación, de las que acreditó 205 en ese ejercicio. Esto describe el estado documentado en la auditoría de 2019; no prueba que el resto jamás se ejecutara. Es relevante porque los riesgos de ingeniería, interfaces, servicios auxiliares y arranque se materializan o se controlan en momentos distintos. [4]

El 24 de junio de 2026 Pemex informó de un paro por una falla de cogeneración y del posterior proceso de arranque. Un incidente aislado no establece la confiabilidad anual de la refinería, pero recuerda por qué la capacidad nominal debe complementarse con disponibilidad y continuidad operativa. [12]

7. Operación: lo que revela la serie mensual

Proceso mensual de crudo en Dos Bocas durante 2026

La Base de Datos Institucional de Pemex reporta para Dos Bocas los siguientes promedios de crudo procesado en miles de barriles diarios: enero 205.8, febrero 205.2, marzo 187.5, abril 147.5, mayo144.4, junio 141.1 y julio 229.0. Respecto de 340 mil barriles diarios de diseño, son aproximadamente 60.5%, 60.4%, 55.1%, 43.4%, 42.5%, 41.5% y 67.3%. Esta es una relación aritmética entre promedio mensual y capacidad de diseño; no una medición de eficiencia termodinámica. Julio recuperó volumen respecto de junio, pero ningún mes de esta serie alcanzó 340 mil como promedio. [8]

Pemex precisó el 30 de agosto que junio reflejó trabajos de rehabilitación y que el promedio preliminar de agosto era de 248 mil barriles diarios de crudo, con 219 mil de destilados de alto valor. También señaló que en abril se alcanzó una carga máxima instantánea de 340 mil barriles diarios. Las tres afirmaciones pueden coexistir: un pico instantáneo, un promedio mensual y un rendimiento de productos miden cosas distintas. Agosto no aparece aún con dato numérico en la serie mensual consultada, por lo que se cita como comunicado de Pemex y no se mezcla con el gráfico estadístico. [13][8]

Pemex publicó además una «elaboración» de 252.5 mil barriles diarios en julio para Dos Bocas. Esa categoría incluye productos petrolíferos y no debe etiquetarse como «gasolina y diésel» ni dividirse mecánicamente entre los 229 mil de crudo para obtener una eficiencia física: la contabilidad de corrientes y productos requiere su balance y definiciones. El comunicado de agosto emplea otra categoría específica, «destilados de alto valor». Para contrastar con la meta original de 170 mil de gasolina + 120 mil de diésel, necesitamos las series separadas de esos dos productos en Dos Bocas y sus especificaciones. [14][13]

8. Beneficios: ¿cuánto contribuye a la autosuficiencia?

El objetivo estratégico era incrementar la producción nacional y reducir la dependencia de combustibles importados. Hay una contribución plausible y medible de Dos Bocas al proceso de crudo del sistema; Pemex atribuyó al complejo un incremento de 164 mil barriles diarios en el primer trimestre de 2026 frente al mismo trimestre de 2025. Pero la evolución nacional también depende de otras seis refinerías, Deer Park, las coquizadoras, la demanda, la mezcla de productos, importaciones de privados y la calidad del crudo disponible. No se puede atribuir a Dos Bocas todo cambio en la autosuficiencia del país. [15]

La propia serie de Pemex registró importaciones de gasolinas de 231.5 mil barriles diarios en enero de 2026 y 353.9 mil en julio; paradiésel, 47.2 mil y 90.5 mil, respectivamente. Estas cifras describen las importaciones de Pemex y la serie de gasolinas incluye componentes de formulación; no son una prueba aislada de fracaso ni una medición completa del mercado nacional. Muestran por qué «autosuficiencia» debe definirse por producto, periodo, actor y denominador antes de declararla cumplida. [16]

Una evaluación económica exige algo más: margen incremental atribuible, costo de crudo de oportunidad, transporte, energía, mantenimiento, depreciación, financiamiento y comparación con el Caso de Negocio. El margen promedio del sistema de refinación no es el rendimiento financiero individual de Dos Bocas. Sin el modelo aprobado y los estados segmentados, no es responsable publicar una tasa de retorno o periodo de recuperación del proyecto.

9. Tablero de evaluación al corte

Dimensión

Evidencia verificable

Juicio al corte

Alcance

340 mil barriles diarios de diseño, 17 plantas y metas de combustibles; integración descrita por SENER. [3][5]

Falta comparar entregables y obras complementarias contra el Caso de Negocio y sus cambios.

Tiempo

Mayo de 2022 prometido; primera etapa inaugurada julio de 2022; producción anunciada agosto de 2024; operación continua desde febrero de 2025 según Pemex. [2][5][7][21]

Hay diferencia entre promesa y beneficio operativo; falta cronograma contractual de aceptación.

Costo

Máximo anunciado USD 8 mil millones; inversión declarada USD 16,816 millones en 2024; egresos auditados por año en pesos. [2][7][6]

La declaración posterior es 110.2% mayor que la inicial; no está conciliado el costo final con alcance homogéneo.

Gobernanza

Casos de Negocio FEL I y FEL II aprobados; cambio de monto y alcance aprobado en 2022; convenios contractuales documentados. [4][18][19][10]

Hay autorizaciones formales; falta publicar la conciliación de sus versiones y de los cambios contractuales.

Comunicaciones

Anuncios, acuerdos y reportes con hitos y definiciones diferentes. [2][5][19][7][21]

No se puede seguir en una sola serie pública el pronóstico de costo y plazo con criterios constantes.

Calidad

Promesa genérica y evidencia de producción; hay reportes de incidentes y variación operativa. [2][12][13]

Faltan criterios de aceptación y series de disponibilidad, especificación y emisiones.

Beneficios

Producción incremental atribuida por Pemex y datos de importación. [15][16]

Contribución real, pero insuficiente para demostrar por sí sola autosuficiencia o rentabilidad del proyecto.

Estos juicios se basan en documentos disponibles y no son semáforos de aprobación o condena. Que falte una publicación accesible no prueba que el documento nunca haya existido; sí limita la posibilidad de verificar públicamente el resultado.

Prueba de trazabilidad de la línea base

Campo de control

Declarado

Documentado y autorizado

Ejecutado y verificable

Cierre de la prueba

Alcance

340 Mbd de crudo, 17 plantas, meta pública de 290 Mbd de gasolina y diésel. [3]

FEL II agregó instalaciones y servicios; CA-092/2022 aprobó cambio de alcance. [18][19]

Hay proceso de crudo y elaboración; falta acta de aceptación planta por planta y balance de gasolina y diésel contra la meta comparable. [8][14]

Cambio probado; cumplimiento integral no verificable con este expediente.

Tiempo

Conclusión mayo de 2022. [2]

Caso FEL I proyectó operación en 2023; falta cronograma aprobado de aceptación revisado. [17]

Primera etapa julio de 2022, producción anunciada agosto de 2024 y operación continua desde febrero de 2025 según Pemex. [5][7][21]

Desfase público probado; atraso contractual exacto indeterminado.

Costo

Máximo público USD 8,000 millones. [2]

FEL I MXN 166,760.7 millones, FEL II elevó inversión constructiva 9.6% modelada; cambio formal de monto en 2022. [17][18][19]

Pemex declaró USD 16,816 millones de inversión en 2024; ASF registró aportaciones, egresos y obra en proceso con definiciones distintas. [7][6]

Diferencia nominal de declaraciones probada; sobrecosto final homogéneo indeterminado.

Beneficios

Mayor oferta nacional y menos importación. [3]

Los modelos FEL I/II proyectaron rentabilidad; supuestos completos reservados. [17][18]

Aporte al proceso reportado; importaciones y resultados del sistema tienen múltiples causas. [15][16]

Contribución operativa probada; retorno individual y autosuficiencia atribuible no demostrados.

10. La prueba decisiva para cerrar la evaluación

Hay que publicar, con las reservas legales justificadas y datos agregados suficientes para una auditoría pública, el Caso de Negocio aprobado el 28–29 de mayo de 2019, la versión FEL II del 2 de julio de 2020 y el informe que sustentó el acuerdo CA-092/2022. Junto a ellos: estatus y entregables FEL III fechados; cronograma base y revisiones; presupuesto por paquete y contingencia; matriz de riesgos; actas de consejo; convenios modificatorios vinculados a impactos agregados; actas de terminación mecánica, pruebas y entrega; producción mensual por producto; costo de operación y plan de realización de beneficios. Los informes de la ASF indican expresamente que Pemex clasificó los Casos de Negocio como confidenciales por el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia; por eso conocemos algunas cifras y variaciones, pero no el modelo completo. [17][18]

Con esos documentos se podría contestar sin retórica: ¿cuánto de la diferencia de costo respondió a alcance adicional?, ¿cuánto a una estimación inicial incompleta?, ¿cuánto a riesgos y cuánto a cambios autorizados? ¿Qué fecha se aprobó para recibir cada planta y para producir de modo sostenido? ¿Quién asumió formalmente la responsabilidad de mantener y modificar la línea base integrada?

Conclusión

Dos Bocas existe, procesa crudo y produce combustibles. Pemex sitúa su operación continua desde febrero de 2025. También es comprobable que el calendario de producción se extendió más allá de la terminación anunciada para mayo de 2022, que la inversión declarada por Pemex en 2024 duplicó aproximadamente el máximo público de mayo de 2019 y que la operación mensual de enero a julio de 2026 fluctuó por debajo de la capacidad nominal de 340 mil barriles diarios. Existieron versiones aprobadas del Caso de Negocio y una autorización expresa para cambiar monto y alcance. [2][7][8][17][18][19][21]

Eso no basta para calcular un costo final comparable, declarar que la refinería no funciona ni dar por cumplida la autosuficiencia. La evaluación con enfoque PMI exige conservar las tres preguntas separadas: ¿se entregó lo autorizado?, ¿se controlaron y explicaron los cambios?, ¿se realizaron los beneficios comprometidos? El primer resultado de esta revisión es concreto: se pueden reconstruir un compromiso público, una estimación inicial y tres decisiones corporativas importantes; para auditar integralmente su cumplimiento hace falta abrir las premisas de sus versiones aprobadas y conciliarlas con contratos, pagos y resultados. Esa exigencia es técnica y también de rendición de cuentas.

Dictamen documental al 23 de septiembre de 2026: hay evidencia suficiente para afirmar un desfase entre la promesa de conclusión y la entrada en operación continua, una diferencia nominal grande entre dos cifras públicas de inversión y cambios formales aprobados de alcance y monto. La documentación abierta no permite certificar el costo final de alcance homogéneo, el atraso contractual total, la aceptación técnica completa ni el valor presente neto realizado. El estudio queda cerrado en esos términos: las cuatro respuestas indeterminadas son resultados explícitos de la prueba de trazabilidad, no cifras que deban suplirse con conjeturas.

Fuentes y notas metodológicas

[1] PMI, Integrated Change Control; PMI, Benefits Realization Management: A Practice Guide. Se usan como marco analítico, no como certificación del proyecto.

[2] SENER, boletín del 9 de mayo de 2019; versión de la conferencia presidencial.

[3] SENER, anuncio del 18 de marzo de 2019; SENER, inicio de trabajos del 2 de junio de 2019.

[4] ASF, Cuenta Pública 2019, auditoría 1390-DE, Control Interno y Gobernanza del Proyecto de la Refinería de Dos Bocas, especialmente pp. 7–13, 29–31, 37–44. El informe identifica la aprobación de PTRI el 28 de mayo y la del Consejo de Pemex el 29 de mayo.

[5] SENER, boletín del 1 de julio de 2022. Las categorías que usa para recursos recibidos, gasto e impuestos requieren conciliación de su propio desglose.

[6] ASF, Cuenta Pública 2024, auditoría 247, Ingresos y Egresos del Proyecto de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, pp. 1–9. Los importes originales están en miles de pesos; este artículo los expresa como millones de pesos y redondea a una decimal cuando procede.

[7] Pemex, comunicado del 3 de agosto de 2024.

[8] Pemex, Base de Datos Institucional, cuadro RPROREF: proceso mensual de crudo por refinería, consulta del 23 de septiembre de 2026. El cuadro muestra enero–julio numéricos y agosto «N/D».

[9] SENER, comunicado del 29 de julio de 2019. La cifra de 8,134 millones también figura en la comunicación oficial de SENER de esa fecha.

[10] ASF, Cuenta Pública 2023, auditoría 244, contratos y modificaciones, pp. 10–12; ASF, auditoría 247 de Cuenta Pública 2024, pp. 8–9.

[11] ASEA, expediente de la Manifestación de Impacto Ambiental yautorización de agosto de 2019.

[12] Pemex, comunicado de falla eléctrica del 24 de junio de 2026.

[13] Pemex, precisión operativa del 30 de agosto de 2026. La cifra de agosto es el promedio comunicado hasta esa fecha y no sustituye la publicación estadística mensual posterior.

[14] Pemex, Base de Datos Institucional, cuadro AEPSTRI7: proceso y elaboración por refinería, consulta del 23 de septiembre de 2026.

[15] Pemex, reporte del primer trimestre de 2026.

[16] Pemex, Base de Datos Institucional, cuadro INDI12: importaciones por producto, consulta del 23 de septiembre de 2026. Los «0.000» mostrados para agosto en algunos renglones aún no se toman como dato definitivo; el análisis usa enero y julio.

[17] ASF, Cuenta Pública 2019, auditoría 409-DE, Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas, especialmente pp. 49–51, 115–120 y 124–129. Las cifras originales de inversión están expresadas en miles de pesos; aquí se convierten a millones. El rango clase V no sustituye presupuesto autorizado.

[18] ASF, Cuenta Pública 2020, auditoría 436-DE, Avances del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas, especialmente pp. 2–3, 25–31, 37–40 y 80–83. La comparación de costos FEL I/FEL II corresponde al modelo económico proyectado y mantiene denominadores distintos para inversión constructiva y costos totales.

[19] Consejo de Administración de Pemex, acuerdo CA-092/2022 del 10 de agosto de 2022. Aprueba Proyecto Integral y cambio de monto y alcance; autoriza gestiones presupuestarias para continuación y puesta en operación durante 2022.

[20] Pemex, Informe Anual 2023, p. 63. Confirma el acuerdo CA-092/2022 y describe el estado de pruebas al cierre de 2023.

[21] Pemex, Reporte Anual 2025, apartado de refinación, p. 109. Señala que la refinería Olmeca inició operación continua en febrero de 2025, con aumento progresivo del proceso a lo largo del año.

[22] ASF, Cuenta Pública 2023, auditoría 248, paquete 2 de la Refinería Dos Bocas, p. 4. Cita el informe de evaluación física y financiera del Consejo con avance físico de 99.1% al cuarto trimestre de 2023.

[23] ASF, Cuenta Pública 2024, auditoría 254, paquete de la Refinería Olmeca. De acuerdo con notas de estados financieros presupuestarios de PTRI, al 31 de diciembre de 2024 se encontraba en pruebas y estabilización.

Dos Bocas · 23 septiembre 2026 ·

El uso del celular dentro del salón forma parte de un problema más amplio que incluye la calidad de la enseñanza, las condiciones de las escuelas, los hábitos familiares, el tiempo total frente a las pantallas, la conducta de los propios adultos y la falta de alternativas de convivencia, aprendizaje y entretenimiento para los niños.

Por ello, antes de presentar la prohibición como una solución educativa, el Gobierno, los especialistas y las organizaciones que la respaldan deberían responder las siguientes preguntas:

1. Los países con mayores probabilidades de éxito son aquellos que analizan el problema de manera integral.

Francia no estudió únicamente el teléfono dentro del salón. Su comisión oficial sobre infancia y pantallas analizó el entorno completo: hábitos familiares, ejemplo de los padres, edad de acceso a los dispositivos, televisión, tabletas, videojuegos, redes sociales y falta de actividades alternativas. ¿Por qué México decidió prohibir los celulares sin presentar previamente un diagnóstico integral semejante sobre el entorno familiar y digital de los niños?

2. ¿Qué evidencia demuestra que el problema principal está dentro de la escuela?

¿Cómo determinaron que el uso del celular durante las clases perjudica más el aprendizaje que las horas acumuladas frente a teléfonos, tabletas, televisión y videojuegos fuera del horario escolar? ¿Existen datos mexicanos que permitan separar y medir ambos efectos?

3. ¿Qué mejoría concreta esperan obtener con la prohibición?

Si un alumno deja de utilizar el celular algunos minutos durante la clase, pero continúa expuesto varias horas diarias a pantallas en su casa, ¿qué cambio medible esperan conseguir en atención, aprendizaje, conducta o salud mental? ¿Cuál es la relación causal que sustenta esa expectativa?

4. ¿Cómo distinguirán el efecto del celular de los problemas de enseñanza?

Antes de atribuir la falta de aprendizaje al teléfono, ¿cómo evaluaron la calidad de las clases, la preparación y asistencia de los maestros, el cumplimiento de los programas, el tamaño de los grupos y las condiciones de cada escuela? ¿Qué mecanismos impedirán que la prohibición se convierta en una forma de trasladar al alumno y a su celular la responsabilidad por las deficiencias del sistema educativo?

5. ¿Qué política existe para las familias y para el uso fuera de la escuela?

Si la mayor parte del tiempo frente a las pantallas ocurre en el hogar, ¿qué acciones concretas se aplicarán para orientar y apoyar a madres y padres sobre edades, horarios, contenidos, controles parentales y alternativas de convivencia? ¿Por qué se actúa sobre unas horas de la jornada escolar sin presentar una estrategia integral para el entorno familiar y social del niño?

Conclusión

Retirar el celular durante las clases puede facilitar el orden y reducir una fuente de distracción, pero eso no convierte automáticamente la medida en una política educativa integral ni demuestra que mejorará el aprendizaje.

Sin un diagnóstico mexicano, una línea base, indicadores de resultados, evaluación de la calidad de la enseñanza y acciones dirigidas a las familias, el Gobierno corre el riesgo de medir el éxito por el número de teléfonos guardados y no por lo verdaderamente importante: si los alumnos prestan mayor atención, aprenden más, conviven mejor y reducen su exposición total a las pantallas.

La pregunta no es únicamente si debe prohibirse el celular en el salón. La pregunta es si México está atendiendo las causas del problema o solamente su manifestación más visible.

Fuentes

Presidencia de la República Francesa. Enfants et écrans: À la recherche du temps perdu. Informe de la comisión de expertos, 2024.
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/16/fbec6abe9d9cc1bff3043d87b9f7951e62779b09.pdf

República Francesa. Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037284333/

Su marco institucional y su Programa Sectorial 2025–2030 reúnen en una misma dependencia federal funciones vinculadas con identidad digital, interoperabilidad, ciberseguridad, telecomunicaciones, infraestructura satelital, tecnología pública, datos abiertos e inteligencia de datos.

La propia Agencia resume dos de sus principios de una manera particularmente reveladora: “sistemas públicos que se hablen” e “inteligencia de datos para fortalecer capacidades públicas”.

La pregunta que guía este análisis es sencilla:

¿Qué capacidad tecnológica y de datos concentra hoy la ATDT, cómo se articula con otras instituciones y qué preguntas públicas surgen de esa arquitectura?

Una Agencia que va mucho más allá de los trámites digitales

La ATDT forma parte de la Administración Pública Federal y conduce una agenda que anteriormente se encontraba mucho más fragmentada.

Su Programa Sectorial 2025–2030 es el instrumento rector de su planeación y es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades federales dentro de sus respectivas competencias.

En su descripción institucional aparecen la digitalización de trámites, reducción de carga regulatoria, interoperabilidad de sistemas, atención ciudadana, inteligencia de datos, seguridad de la información y acceso a internet.

Esto cambia la unidad de análisis.

Si observamos únicamente Llave MX, un trámite digital o una base de datos determinada, perdemos de vista la estructura completa.

La ATDT debe analizarse como una arquitectura institucional que combina identidad, software, infraestructura, conectividad, seguridad e información.

El antecedente: Peña Merino, Sheinbaum y la ADIP

La relación profesional documentada entre José Antonio Peña Merino y el proyecto de Claudia Sheinbaum puede seguirse, al menos, desde la campaña de 2018.

Ya en el Gobierno de la Ciudad de México, el antecedente institucional es mucho más claro.

El 14 de enero de 2019, el Gobierno capitalino presentó su Plan Digital. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), encabezada por Peña Merino, conduciría políticas relacionadas con gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica e infraestructura tecnológica.

Este antecedente importa porque varios componentes reaparecen posteriormente a escala federal: centralización de la estrategia digital, construcción de tecnología pública, identidad digital, interoperabilidad y utilización transversal de datos.

En 2024 cambia la escala.

La nueva Agencia federal incorpora además telecomunicaciones, ciberseguridad, infraestructura digital y satelital, y posteriormente una política sectorial que utiliza expresamente el concepto de inteligencia de datos.

El documento fundamental: Programa Sectorial 2025–2030

El Programa Sectorial es probablemente el documento más importante para comprender el alcance de la ATDT.

Su objetivo 5 establece desarrollar tecnología pública y capacidades propias, priorizar la soberanía de datos y utilizar inteligencia de datos para optimizar la función de gobierno y la toma de decisiones.

Las líneas de acción asociadas son particularmente importantes.

La ATDT puede participar en acciones para:

RECABAR datos generados o almacenados por dependencias y entidades.

INVENTARIAR los datos gubernamentales disponibles.

ANALIZAR bases de datos de la Administración Pública Federal.

DIRIGIR LA INTEROPERABILIDAD mediante una arquitectura de datos que puedan ser consumidos entre sistemas.

ANALIZAR Y UTILIZAR datos generados por otras autoridades, incluidos —bajo las condiciones establecidas en el propio Programa— datos de seguridad pública.

ANALIZAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS para consumo interno del Gobierno Federal.

HOMOLOGAR arquitecturas de bases de datos para facilitar su interoperabilidad.

La importancia no está en cada verbo por separado.

Está en su combinación.

Recabar + inventariar + analizar + interoperar + utilizar + procesar + homologar.

En conjunto describen una capacidad estatal de información considerablemente más amplia que la administración tradicional de sistemas informáticos.

De bases aisladas a una arquitectura interoperable

El propio Programa identifica como problemas la dispersión, la infrautilización de los datos gubernamentales y la escasa interoperabilidad institucional.

La respuesta consiste en construir una arquitectura donde la información pueda utilizarse transversalmente para operación, evaluación y toma de decisiones.

Desde una perspectiva de sistemas, significa pasar de dependencias que mantienen aplicaciones y registros relativamente aislados a un ecosistema en el que existen estándares, servicios, identificadores y mecanismos comunes de intercambio.

Y aquí aparece una diferencia fundamental:

interoperabilidad no significa necesariamente construir una gigantesca base central que contenga toda la información del Gobierno.

Las bases pueden permanecer físicamente separadas.

Lo importante es que los sistemas puedan consultarse, intercambiar información y relacionar resultados.

Por eso la pregunta deja de ser únicamente:

¿Dónde está almacenada la información?

Y pasa a ser:

¿Quién puede consultarla, relacionarla, procesarla y generar nueva información a partir de ella?

Identidad digital: CURP y Llave MX

La identidad digital constituye otra pieza de esta arquitectura.

Llave MX funciona como mecanismo de acceso a trámites y servicios digitales, mientras que la Clave Única de Registro de Población (CURP) continúa siendo un identificador fundamental.

Pero técnicamente la CURP no tiene por qué ser el único punto desde el cual puede relacionarse información.

Cuando distintas bases contienen identificadores compatibles, una búsqueda o relación puede comenzar con:

teléfono,

correo electrónico,

domicilio,

empresa,

vehículo,

dispositivo,

lugar,

evento,

o cualquier otro atributo suficientemente identificable.

Aquí aparece un concepto importante de ciencia de datos: resolución de entidades.

Consiste en determinar cuándo registros procedentes de fuentes distintas corresponden a una misma persona, organización, ubicación u objeto.

A partir de ahí puede construirse una red de relaciones.

Las personas, teléfonos, correos, domicilios, empresas, cuentas, dispositivos, lugares y eventos pueden representarse como nodos.

Las relaciones —vive en, trabaja en, representa, utilizó, realizó un trámite, comparte domicilio, coincide en determinado evento— se convierten en vínculos.

Esto permite analizar relaciones incluso cuando el punto inicial de una búsqueda no sea una CURP.

La Plataforma Única de Identidad

La Plataforma Única de Identidad (PUI) permite observar un ejemplo concreto de interoperabilidad distribuida.

Su administración corresponde al Registro Nacional de Población (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación, con apoyo técnico de la ATDT.

Los lineamientos oficiales establecen responsabilidades sobre servicios de consulta y validación de CURP, gestión de usuarios, mecanismos de seguridad, niveles de acceso, trazabilidad y seguimiento de actividades.

La arquitectura es importante.

Una institución conectada puede conservar sus propios registros y responder a consultas mediante servicios tecnológicos.

Esto significa que una arquitectura interoperable no necesita copiar físicamente todas las bases de datos en un único repositorio para obtener resultados transversales.

Dicho de otra manera:

que no exista una sola “megabase” no significa que no exista capacidad de consulta transversal.

Seguridad nacional no es lo mismo que seguridad pública

El Programa Sectorial contiene una distinción que debe conservarse con precisión.

Una de sus líneas exceptúa de la interoperabilidad dirigida por la ATDT la información de seguridad nacional y determinadas bases del Sistema Nacional de Información.

Pero otra línea contempla analizar y utilizar datos generados por otras autoridades, incluidos datos de seguridad pública, para análisis en tiempo real y para generar métricas, estadísticas y “otros productos relacionados”, en colaboración con las autoridades competentes.

La expresión merece atención:

“otros productos relacionados”.

¿Qué productos son?

¿Quién puede solicitarlos?

¿Quién los recibe?

¿Qué información contienen?

¿Se conserva información derivada después de producirlos?

No son solamente datos

La capacidad analítica de la ATDT no se encuentra aislada.

La Agencia reúne o articula también desarrollo de tecnología pública, infraestructura digital, ciberseguridad y telecomunicaciones.

Su política sectorial incorpora además infraestructura satelital y espacial.

A ello se agregan proyectos gubernamentales relacionados con nube, capacidad de cómputo, inteligencia artificial y desarrollo propio de software.

La combinación importa.

Una cosa es poseer información.

Otra muy distinta es disponer simultáneamente de información + interoperabilidad + identidad digital + software + infraestructura + capacidad computacional + ciberseguridad + telecomunicaciones.

Ahí está el verdadero cambio de escala.

¿Qué permite técnicamente esta arquitectura?

Una vez que existen inventarios de datos, identificadores compatibles, estándares, servicios de consulta y capacidad de procesamiento, aparecen posibilidades conocidas en ciencia de datos.

Entre ellas:

Resolución de entidades: reconocer que registros diferentes corresponden a una misma persona, empresa, domicilio u objeto.

Vinculación de registros: conectar información procedente de distintas fuentes.

Grafos de relaciones: representar personas, organizaciones, teléfonos, domicilios, lugares y eventos como una red.

Análisis temporal: reconstruir secuencias y cambios.

Detección de patrones y anomalías: localizar comportamientos atípicos dentro de grandes volúmenes de información.

Información derivada: producir variables, categorías, indicadores o relaciones que no existen explícitamente en una sola base, sino que aparecen al combinar diferentes fuentes.

Llegados a este punto, la discusión pública ya no debería limitarse a preguntar qué bases de datos posee directamente una dependencia.

Hay que preguntar qué puede obtener mediante la arquitectura completa.

Tres niveles que conviene separar

La documentación disponible permite distinguir tres niveles.

1. Lo expresamente documentado

La ATDT tiene una política sectorial que contempla recabar, inventariar y analizar datos gubernamentales; dirigir interoperabilidad; analizar grandes volúmenes; homologar arquitecturas y utilizar inteligencia de datos.

También está documentada su participación técnica en sistemas de identidad e interoperabilidad.

2. Lo técnicamente habilitado

Una arquitectura de estas características permite técnicamente realizar resolución de entidades, cruces mediante identificadores compatibles, análisis de relaciones, grafos y generación de información derivada, dependiendo de los datos disponibles, permisos y diseño de los sistemas.

3. Lo que falta conocer

Aquí está probablemente la parte más importante.

¿Qué cruces realiza actualmente la ATDT?

¿Qué productos concretos genera su función de Inteligencia de Datos?

¿Quién los solicita?

¿Quién los recibe?

¿Qué información derivada conserva?

¿Durante cuánto tiempo?

Las preguntas que debería responder la ATDT

1. ¿Qué cruces de información realiza actualmente entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal?

2. ¿Una consulta iniciada con CURP, teléfono, correo electrónico, domicilio u otro identificador puede conducir a información relacionada en otros sistemas interoperables?

3. ¿La ATDT construye perfiles, redes o grafos que relacionen personas, organizaciones, domicilios, teléfonos, lugares o eventos?

4. ¿Qué significa operativamente la expresión “otros productos relacionados” utilizada en su Programa Sectorial?

5. ¿Qué productos genera actualmente la función de Inteligencia de Datos?

6. ¿Qué dependencias o autoridades pueden solicitar esos productos?

7. ¿Quiénes los reciben?

8. ¿Puede la Presidencia de la República solicitar directamente análisis o productos elaborados mediante estas capacidades?

9. ¿Qué información derivada conserva la ATDT después de realizar un cruce o análisis?

10. ¿Durante cuánto tiempo?

11. ¿Es posible reconstruir quién consultó determinada información, cuándo, con qué fundamento y para qué finalidad?

12. ¿Quién administra esos registros de auditoría y qué mecanismos existen para impedir su modificación?

13. ¿Qué capacidades, modelos, sistemas o arquitecturas desarrollados previamente en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México fueron replicados o adaptados al ámbito federal?

14. ¿Qué interacción tecnológica existe entre la ATDT y los sistemas de seguridad pública?

15. ¿Qué límites técnicos y administrativos impiden relacionar información de una misma persona a través de diferentes sistemas cuando esa utilización no corresponde a la finalidad autorizada?

La pregunta de fondo

La transformación digital del Estado mexicano está entrando en una etapa diferente.

Ya no estamos hablando simplemente de hacer un trámite por internet o eliminar una fila en una ventanilla.

Estamos hablando de una arquitectura transversal que reúne identidad digital, software público, interoperabilidad, inteligencia de datos, ciberseguridad, telecomunicaciones, infraestructura y capacidad de procesamiento.

El Programa Sectorial convierte esa transformación en una política explícita: superar la dispersión de datos, homologar arquitecturas, hacer interoperables los sistemas y utilizar inteligencia de datos para la toma de decisiones.

Una infraestructura de estas características puede aumentar enormemente la eficiencia y capacidad analítica del Estado.

Precisamente por eso aumenta también la importancia de saber quién puede utilizarla, para qué, con qué controles y con qué trazabilidad.

La pregunta final no es tecnológica.

Es institucional:

¿POR QUÉ CONCENTRAR TANTO PODER TECNOLÓGICO Y DE DATOS?

Y, si esa concentración ya está ocurriendo:

¿QUÉ CONTROLES DEBEN CORRESPONDER A ESE PODER?

Fuentes principales

— Diario Oficial de la Federación. Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025–2030.

— Diario Oficial de la Federación. Decreto de aprobación del Programa Sectorial de la ATDT 2025–2030.

— Secretaría de Gobernación / Registro Nacional de Población. Lineamientos para el Desarrollo y Operación de la Plataforma Única de Identidad.

— Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Información institucional, estructura, programas y comunicaciones oficiales.

— Gobierno de la Ciudad de México / Agencia Digital de Innovación Pública. Plan Digital y antecedentes institucionales de la ADIP.

— Programa Espacial Mexicano 2026–2030 y documentación institucional vinculada con telecomunicaciones, infraestructura y soberanía tecnológica.

El 1 de agosto de 2026, en Huajuapan de León, Oaxaca, la presidente Claudia Sheinbaum comunicó una meta de gran escala para la política federal de vivienda: 12 millones de familias beneficiadas durante el sexenio.

La cifra se integró con cinco componentes: 5.2 millones de familias mediante reestructuración de créditos impagables; 1.8 millones de nuevas Viviendas para el Bienestar; 1.8 millones de familias mediante mejoramientos de vivienda; 1 millón mediante escrituración y regularización, y 2.2 millones mediante créditos adicionales.

La suma aritmética es correcta: 12 millones. Pero desde la administración de proyectos la pregunta importante no es solamente si los componentes suman la meta anunciada. La pregunta es si esa meta puede seguirse, medirse y comprobarse durante su ejecución.

Al corte de esta primera evaluación surgen tres posibilidades que deben analizarse documentalmente:

¿No informan cuántas familias distintas han sido beneficiadas porque no pueden calcularlo? ¿Lo pueden calcular pero no lo hacen público? ¿O el avance real respecto de los 12 millones está por debajo de lo que debería llevar el programa a esta fecha?

No vamos a escoger una respuesta. Vamos a revisar los documentos.

El propósito de este análisis es reconstruir el programa como se reconstruiría un proyecto complejo: identificar su línea base, los cambios de alcance, el cronograma, el costo, las responsabilidades institucionales, las distintas etapas de ejecución, los beneficiarios, los riesgos y los mecanismos de control.

Esto obliga a distinguir conceptos que en la comunicación pública pueden aparecer juntos, pero que para evaluar un proyecto no significan lo mismo:

contratada ≠ en construcción ≠ terminada ≠ asignada ≠ entregada ≠ familia beneficiada.

De la misma manera:

acción ≠ vivienda ≠ crédito ≠ escritura ≠ familia única beneficiada.

Esta distinción será fundamental para responder la pregunta central de esta evaluación:

De una meta comunicada de 12 millones de familias, ¿cuántas familias distintas han sido beneficiadas a la fecha y cuál es el registro integrado que permite comprobarlo?

Esta es una primera evaluación con corte al 15 de septiembre de 2026. Los mismos indicadores, compromisos y casos documentados permanecerán abiertos para evaluaciones posteriores, de manera que pueda observarse no solamente una fotografía del programa, sino su evolución en el tiempo.

1. Regla de evidencia: declarar no es comprobar

Antes de comparar cifras es necesario establecer una regla que se mantendrá durante toda la evaluación.

Una declaración oficial demuestra que una autoridad comunicó una cifra, una meta o un avance. No demuestra, por sí sola, que el resultado físico, financiero o administrativo haya sido comprobado.

Por ello, este análisis utilizará cinco niveles de evidencia:

🟢 COMPROBADO DOCUMENTALMENTE. Existe un instrumento formal, registro, presupuesto, cuenta pública, convenio, contrato u otro documento auditable que permite reconstruir el dato.

🔵 REGISTRO ADMINISTRATIVO OFICIAL. La institución presenta información procedente de sus sistemas o registros, con universo, fecha y definición identificables, pero ello no equivale necesariamente a una verificación física independiente.

🟡 DECLARADO OFICIALMENTE. Una autoridad o institución comunicó la cifra, pero la fuente localizada no proporciona evidencia suficiente para comprobar el resultado subyacente.

🟠 PENDIENTE DE CONCILIACIÓN. Existen cifras oficiales distintas, cambios de universo, denominador, fecha o etapa que requieren explicación antes de poder integrarse.

🔴 NO COMPROBADO / NO UTILIZABLE COMO HECHO. La evidencia localizada es insuficiente para presentar el dato como un resultado comprobado. Esto no significa que sea falso; significa que no puede verificarse con la documentación pública localizada.

La misma regla se aplicará a los cambios del programa. Una nueva meta anunciada no constituye automáticamente un control de cambio comprobable.

Para acreditarlo tendría que poder reconstruirse, cuando corresponda:

línea base anterior → cambio autorizado → nueva línea base → efecto en alcance, tiempo, costo y responsabilidades.

Esta distinción es especialmente importante porque el Programa de Vivienda para el Bienestar ha modificado de manera importante algunas de sus metas desde su presentación inicial.

2. La línea base no permaneció estática

Para evaluar el programa no basta con comparar la situación actual contra la última meta conocida. Primero debe reconstruirse cómo fue cambiando el alcance comprometido.

La secuencia documental permite identificar, al menos, los siguientes hitos:

14 de octubre de 2024. En la presentación inicial de la política de vivienda se planteó la construcción de 1 millón de viviendas nuevas: 500 mil mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 500 mil destinadas a población no derechohabiente. También se anunciaron más de 450 mil mejoramientos y ampliaciones y 1 millón de escrituras. La referencia de inversión comunicada fue de aproximadamente 600 mil millones de pesos.

14 de abril de 2025. La meta comunicada de vivienda nueva aumentó a 1.1 millones. En la misma etapa se presentaron 1.55 millones de mejoramientos y apoyos y 1 millón de escrituras. La inversión sexenal comunicada pasó a 752 mil millones de pesos, junto con una estimación de 1.1 billones de pesos de derrama económica. Inversión y derrama económica no son conceptos equivalentes y se analizarán por separado.

14 de julio de 2025. La meta de vivienda nueva volvió a modificarse, ahora a 1.2 millones de viviendas: 500 mil correspondientes a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 600 mil al Infonavit y 100 mil al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

18 de agosto de 2025. Se comunicó una nueva ampliación: 1.8 millones de viviendas nuevas. El cambio principal se concentró en el Infonavit, cuya responsabilidad pasó de 600 mil a 1.2 millones de viviendas; Conavi permaneció en 500 mil y Fovissste en 100 mil.

El cambio acumulado es considerable:

Vivienda nueva: 1.0 millones → 1.8 millones = +800 mil viviendas = +80%.

Meta del Infonavit: 600 mil → 1.2 millones = +600 mil viviendas = +100%.

14 de abril de 2026. El Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 publicado en el Diario Oficial de la Federación constituye un punto distinto de la secuencia: la meta de 1.8 millones de viviendas nuevas ya aparece incorporada en un instrumento programático formal, junto con 1.8 millones de mejoramientos y 1 millón de acciones de regularización/escrituración.

Esto obliga a separar dos cosas que no son equivalentes:

una meta anunciada públicamente y una línea base incorporada posteriormente a un instrumento formal.

La evolución de 1 millón a 1.8 millones de viviendas no demuestra por sí misma una desviación negativa. Un proyecto puede ampliar su alcance. La cuestión de administración de proyectos es otra: ¿cómo se controló esa modificación y qué ocurrió simultáneamente con el cronograma, el costo, los recursos, el suelo, la capacidad de ejecución, los riesgos y las responsabilidades?

3. El cambio de alcance exige Control Integrado de Cambios

En administración de proyectos, aumentar una meta no constituye por sí mismo un problema. El punto crítico es determinar si el cambio fue incorporado de manera controlada al programa.

La trazabilidad que debería poder reconstruirse es:

línea base anterior → decisión de cambio → nueva línea base → cronograma actualizado → costo actualizado → recursos → riesgos → responsabilidades.

El caso más evidente es el Infonavit. Su responsabilidad comunicada pasó de 600 mil a 1.2 millones de viviendas, un incremento de 100%.

Esto plantea una pregunta concreta:

Cuando la responsabilidad de un organismo aumenta 100%, ¿cómo se modifican simultáneamente su cronograma, contratación, suelo disponible, capacidad de supervisión, financiamiento, riesgos y metas anuales?

La existencia de la nueva meta de 1.2 millones puede comprobarse posteriormente en la línea programática formal. Lo que debe analizarse por separado es si existe suficiente documentación pública para reconstruir el control completo del cambio que llevó de una línea base a la otra.

Por esa razón, en esta evaluación no se considerará automáticamente como “control de cambio comprobado” cada ocasión en que una autoridad anuncie una nueva cifra.

Para cada modificación relevante se buscarán seis elementos:

Cambio anunciado | Nueva línea base formal | Costo actualizado | Cronograma actualizado | Responsables actualizados | Control de cambio comprobable

Si alguno de estos elementos no puede reconstruirse con la documentación pública localizada, se señalará expresamente. La ausencia de evidencia pública no demuestra que el control interno no exista; significa que un evaluador externo no puede comprobarlo.

4. Coordinación formal: sí existe una estructura interinstitucional

Un programa de esta magnitud no depende de una sola institución. La documentación formal muestra que el Programa de Vivienda para el Bienestar cuenta con una estructura de coordinación interinstitucional.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desempeña la función de coordinación de la política, mientras que la ejecución involucra, entre otras instituciones, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Además, la ejecución requiere la participación de instituciones relacionadas con suelo, agua, electricidad, infraestructura, financiamiento, patrimonio y coordinación territorial.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que no existe coordinación formal.

La pregunta de administración de proyectos es más precisa:

¿Cómo se consolida el desempeño de todos los participantes dentro de una misma línea base?

La existencia de mecanismos de coordinación no equivale necesariamente a la existencia de una dirección integral del programa que permita observar simultáneamente alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, riesgos, beneficiarios y cambios.

En la documentación pública revisada no se ha identificado hasta este corte una figura equivalente a un Director del Programa o Director del Proyecto con responsabilidad integral públicamente definida sobre todos esos componentes. Esto no demuestra que internamente no exista una función equivalente; significa que no ha podido identificarse documentalmente con ese alcance en la información pública revisada.

5. La responsabilidad está distribuida

La estructura general de responsabilidades puede reconstruirse de la siguiente manera:

Sedatu: coordinación de la política, articulación institucional e integración general.

Infonavit: principal componente de construcción de vivienda nueva para población derechohabiente.

Conavi: vivienda y apoyos dirigidos prioritariamente a población no derechohabiente y sectores de menores ingresos.

Fovissste: componente correspondiente a trabajadores al servicio del Estado.

INSUS: regularización y certeza jurídica sobre la propiedad del suelo.

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y Financiera para el Bienestar (Finabien): instrumentos financieros complementarios dentro de sus respectivas competencias.

Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias participantes: infraestructura y servicios dentro de sus ámbitos de responsabilidad.

Gobiernos estatales y municipales: suelo, permisos, infraestructura y coordinación territorial conforme a sus atribuciones.

Esta distribución permite identificar responsables de componentes específicos. Sin embargo, permanece una cuestión de gobernanza que será relevante durante toda la evaluación:

¿Quién tiene el tablero integral —alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, riesgos, beneficiarios y cambios— y quién responde por integrar las desviaciones, instrumentar las acciones correctivas y comprobar su cierre?

6. No todas las viviendas reportadas se encuentran en la misma etapa

Una de las dificultades principales para evaluar el avance es que las cifras públicas corresponden a etapas diferentes del proceso.

Para efectos de esta evaluación deben distinguirse, como mínimo:

suelo disponible → proyecto y factibilidades → contratación → inicio de obra → vivienda en construcción → vivienda terminada → habitabilidad verificada → asignación → entrega → ocupación.

Una vivienda puede avanzar de una etapa a otra y seguir apareciendo posteriormente en otro indicador. Por ello, los inventarios acumulados publicados en fechas distintas no pueden sumarse ni restarse automáticamente.

La propia presidente hizo esta distinción el 15 de junio de 2026, cuando al referirse al avance señaló 274 mil viviendas “en construcción, no construidas”. La precisión es importante porque evita convertir un inventario en proceso en producto terminado.

En esa misma comunicación se reportaron aproximadamente 604 mil viviendas contratadas, 274 mil en construcción y 24,500 entregadas. Son tres etapas diferentes y no tres cantidades que deban sumarse para obtener el avance total.

7. La cohorte como instrumento de seguimiento

Para evitar esa confusión utilizaremos el análisis por cohortes, que ya forma parte de la metodología de seguimiento de esta evaluación.

Una cohorte es el conjunto de viviendas que ingresó a una misma etapa durante un periodo determinado y que posteriormente puede seguirse para conocer qué ocurrió con esas mismas viviendas.

El principio de conciliación es:

Cohorte inicial = permanece en proceso + avanzó a etapa posterior + salió justificadamente del universo + diferencia pendiente de conciliación.

Este procedimiento permite formular una pregunta distinta de la simple comparación entre dos inventarios:

¿Dónde están hoy las mismas viviendas que integraban una determinada cohorte?

8. La cohorte de 2025: un ejemplo de por qué importa la terminología

El 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó 390,983 arranques de obra durante 2025, frente a una meta anual de 386 mil. El desglose comunicado fue de 81,996 correspondientes a Conavi y 308,987 al Infonavit.

Pocos días después, el 14 de enero de 2026, se informó una cifra de 393,686 “suscripciones”.

Edna Elena Vega Rangel, titular de Sedatu, explicó entonces que la suscripción implicaba contar con elementos como suelo, factibilidades, proyecto y contratos.

Por tanto:

390,983 arranques de obra ≠ 393,686 suscripciones.

La proximidad de ambas cifras no autoriza a tratarlas como si describieran exactamente el mismo universo ni la misma etapa física.

Tampoco sería metodológicamente válido tomar las 390,983 viviendas reportadas al cierre de 2025 y restarles posteriormente las viviendas que aparezcan “en construcción”. Una parte de aquella cohorte pudo haber avanzado a terminación, asignación o entrega; otra pudo permanecer en obra y otra podría haber salido justificadamente del universo.

La pregunta correcta es:

¿En qué etapa se encuentran hoy las viviendas de la cohorte que inició durante 2025?

Con la información pública localizada hasta el 15 de septiembre de 2026, esa transición completa entre etapas no puede reconstruirse todavía de manera reproducible para toda la cohorte.

9. La programación de 2026 establece otro punto de control

El 14 de enero de 2026, Edna Elena Vega Rangel informó que durante 2026 se buscaría formalizar y llevar a construcción más de 400 mil viviendas.

Entre los componentes comunicados se encontraban una meta del Infonavit de 396,201 viviendas contratadas para 2026, 20 mil correspondientes al Fovissste y diferentes etapas de avance de Conavi.

En esa presentación se señaló también que el resultado de 2025, combinado con la programación de 2026, permitiría aproximarse al 50% de la meta sexenal de 1.8 millones de viviendas.

Esta referencia proporciona un punto temporal importante para evaluar posteriormente el cierre de 2026. Sin embargo, sus componentes no estaban expresados todos en exactamente la misma etapa física. Por ello, esta evaluación conserva el compromiso como punto de control, pero no construye artificialmente un porcentaje integral de avance mezclando etapas diferentes.

10. Corte al 14 de septiembre de 2026

Un día antes del corte de esta evaluación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó nuevos datos sobre el Programa de Vivienda para el Bienestar.

Se comunicaron:

667 mil viviendas contratadas

277 mil viviendas en obra

89 mil viviendas asignadas

717 mil apoyos de mejoramiento de vivienda

337 mil escrituras

La propia comunicación relacionó las 667 mil viviendas contratadas con un avance de 37% respecto de la meta sexenal de 1.8 millones de viviendas.

La operación aritmética es reproducible:

667,000 / 1,800,000 = 37.1%.

Pero el significado del indicador debe conservarse con precisión:

37% contratado respecto de la meta de vivienda nueva ≠ 37% de viviendas construidas ≠ 37% de viviendas entregadas ≠ 37% del Programa de Vivienda para el Bienestar ≠ 37% de la meta de 12 millones de familias.

Del mismo modo:

277,000 / 1,800,000 = 15.4% de la meta sexenal se encontraba reportada en obra.

89,000 / 1,800,000 = 4.9% correspondía a viviendas reportadas como asignadas.

En mejoramiento de vivienda se comunicaron 717 mil apoyos de una meta de 1.8 millones, equivalentes aproximadamente a 39.8%.

En escrituración se comunicaron 337 mil de una meta de 1 millón, equivalentes a 33.7%.

Estos porcentajes son comprobables aritméticamente a partir de las cifras comunicadas. Eso no convierte automáticamente los resultados físicos subyacentes en hechos independientemente verificados.

11. Una conciliación pendiente dentro del mismo corte

El mismo informe del 14 de septiembre permite detectar una cuestión que requiere conciliación.

El total comunicado fue de 667 mil viviendas contratadas.

En el desglose institucional se informó que Conavi tenía 148 mil viviendas contratadas, mientras que el director general del Infonavit señaló que este instituto tenía cerca de 533 mil viviendas contratadas.

La suma aproximada de ambos componentes es:

148 mil + 533 mil ≈ 681 mil viviendas.

Esta cantidad ya supera el total comunicado de 667 mil, incluso antes de incorporar cualquier eventual componente correspondiente al Fovissste.

Esto no permite concluir que exista un error. La expresión “cerca de 533 mil”, diferencias de fecha de corte, universos o criterios de contabilización podrían explicar la diferencia.

Precisamente por ello se clasifica como:

🟠 PENDIENTE DE CONCILIACIÓN.

La pregunta documental es concreta:

¿Los 667 mil del total y los subtotales institucionales corresponden exactamente a la misma fecha, etapa y universo?

Hasta que esa conciliación pueda reconstruirse, no sería metodológicamente correcto ajustar por cuenta propia ninguna de las cifras.

12. La meta está expresada en familias, pero el avance se informa en unidades diferentes

El problema central de medición aparece al comparar la unidad utilizada para definir la meta superior con las unidades utilizadas para comunicar el avance.

La meta comunicada por la presidente es:

12 millones de familias beneficiadas al finalizar el sexenio.

Sin embargo, los avances se presentan mediante una combinación de:

familias + hogares + viviendas + créditos + escrituras + apoyos + reestructuraciones.

En el Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 2026, por ejemplo, se comunicaron:

5 millones de familias que dejaron de estar atrapadas en créditos impagables.

717 mil familias beneficiadas con créditos y apoyos de mejoramiento.

779 mil créditos entregados a familias.

337 mil hogares regularizados.

278 mil viviendas en construcción.

90 mil viviendas asignadas.

Después de presentar esos componentes, la presidente señaló:

“Juntando todas estas acciones, el Programa de Vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio.”

La frase permite identificar con claridad el problema de integración que debe resolver una evaluación externa:

¿Cómo se convierten todas esas acciones en un número acumulado de familias distintas beneficiadas?

13. Una acción no equivale necesariamente a una familia única

Una misma familia podría, dependiendo de las reglas y universos de cada componente, aparecer asociada a más de una acción durante el sexenio.

Por ejemplo, una familia podría recibir una reestructuración de crédito y posteriormente obtener una escritura. Otra podría recibir un mejoramiento y aparecer después en algún registro relacionado con regularización.

Esto no demuestra que exista doble conteo.

Tampoco demuestra que la meta de 12 millones sea incorrecta.

Lo que demuestra es que para sumar los componentes y expresarlos como familias únicas se necesita una metodología de integración que permita identificar y eliminar, cuando corresponda, las intersecciones entre padrones o registros.

Hasta el corte del 15 de septiembre de 2026, en la documentación pública revisada no se ha localizado una metodología integrada que permita a un evaluador externo reproducir esa operación para el conjunto del programa.

Por ello:

Meta sexenal comunicada: 12,000,000 de familias.

Familias únicas beneficiadas acumuladas al corte: NO DETERMINABLE PÚBLICAMENTE.

Porcentaje de cumplimiento de la meta principal: NO CALCULABLE PÚBLICAMENTE.

Esta conclusión no significa que las instituciones carezcan internamente de registros de beneficiarios. Significa algo más limitado y comprobable: con la información pública localizada no puede reconstruirse el número acumulado de familias distintas beneficiadas por todos los componentes del programa.

Desde administración de proyectos, esto constituye una limitación objetiva de trazabilidad y control externo:

una meta debe poder medirse durante su ejecución en la misma unidad en que fue definida.

14. El problema no es la ausencia de indicadores

El Programa de Vivienda para el Bienestar dispone de numerosos indicadores parciales.

Se reportan viviendas contratadas, viviendas en obra, viviendas asignadas, créditos otorgados, apoyos de mejoramiento, reestructuraciones y acciones de regularización, entre otros.

Por tanto, el problema no es la ausencia de información.

El problema es que el indicador superior utilizado para comunicar el alcance del programa —12 millones de familias beneficiadas— no puede reconstruirse públicamente a partir de esos indicadores parciales.

Esta diferencia será fundamental para las evaluaciones posteriores del programa, porque permitirá distinguir entre el crecimiento de los indicadores operativos y el avance comprobable respecto de la meta superior.

15. Regularización y escrituración: el denominador cambia

Otro punto que requiere conciliación aparece en la meta de certeza jurídica sobre la propiedad.

El 1 de agosto de 2026, dentro de la composición de la meta de 12 millones de familias, la presidente comunicó 1 millón de familias beneficiadas mediante escrituración.

Un mes después, en el Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 2026, informó:

337 mil hogares regularizados de una meta de 1.2 millones.

Sin embargo, el 14 de septiembre de 2026, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó:

337 mil escrituras, equivalentes a 34% de una meta de 1 millón.

En aproximadamente seis semanas aparece, por tanto, la siguiente secuencia de referencias:

1.0 millón → 1.2 millones → 1.0 millón.

La cifra realizada —337 mil— permanece prácticamente como punto de referencia, pero cambia el denominador utilizado para medirla.

No sería correcto concluir automáticamente que alguna de las cifras es errónea. Podrían corresponder a universos distintos —por ejemplo, hogares regularizados frente a escrituras—, a una modificación del alcance o a una diferencia metodológica.

Precisamente por no disponer todavía de una conciliación pública que explique el cambio, esta evaluación lo clasifica como:

🟠 PENDIENTE DE CONCILIACIÓN.

La pregunta es:

¿La meta cambió formalmente de 1 millón a 1.2 millones y posteriormente regresó a 1 millón, o las cifras corresponden a indicadores y universos diferentes?

Para resolverlo no basta con una nueva declaración. Debe identificarse el instrumento que define cada indicador, su universo y, en caso de existir una modificación de la línea base, el acto mediante el cual fue autorizada.

Este ejemplo muestra por qué conservar fechas, unidades y denominadores es indispensable. El mismo numerador puede producir indicadores de avance distintos simplemente porque cambió la línea base contra la que se compara.

16. Costo: primero hay que definir qué se está midiendo

La evaluación financiera del Programa de Vivienda para el Bienestar presenta una dificultad adicional: las cifras comunicadas a lo largo del programa no pertenecen necesariamente al mismo universo financiero.

Para analizarlas correctamente deben mantenerse separados, por lo menos:

presupuesto federal aprobado → presupuesto modificado → presupuesto ejercido → subsidios → inversión de los organismos de vivienda → créditos y financiamiento recuperable → derrama económica estimada.

Estos conceptos no pueden sumarse indistintamente ni utilizarse como si todos representaran costo presupuestario para el Gobierno Federal.

La derrama económica, por ejemplo, es una estimación del efecto económico generado por la actividad del programa; no constituye por sí misma un presupuesto disponible para construir viviendas.

De la misma manera, los recursos movilizados mediante Infonavit o Fovissste no deben clasificarse automáticamente como gasto presupuestario federal: forman parte de mecanismos financieros distintos que deben analizarse conforme a su naturaleza.

Por ello, una cifra global de “inversión” no puede compararse directamente contra una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sin identificar primero qué recursos contiene cada una.

17. La línea financiera también requiere conciliación

Durante la evolución del programa se han comunicado diferentes referencias de inversión.

En la presentación inicial de octubre de 2024 se habló de aproximadamente 600 mil millones de pesos.

En abril de 2025 se comunicó una referencia de aproximadamente 752 mil millones de pesos de inversión sexenal, acompañada de una estimación de 1.1 billones de pesos de derrama económica.

Posteriormente se comunicaron referencias financieras mayores para el programa ampliado.

Sin embargo, antes de interpretar esa secuencia como un incremento del costo del mismo proyecto es indispensable comprobar que las cifras tengan el mismo alcance, periodo, fuentes de financiamiento y metodología.

Por ello, esta evaluación no utilizará la simple secuencia de cantidades comunicadas para afirmar que existe un sobrecosto.

Para demostrar un sobrecosto sería necesario disponer, cuando menos, de:

línea base de costo para un alcance determinado → cambio formal de alcance → presupuesto actualizado → costo real acumulado → estimación del costo a la terminación.

Mientras esos elementos no puedan conciliarse sobre una base comparable, la línea financiera global permanecerá:

🟠 PENDIENTE DE CONCILIACIÓN.

18. El Presupuesto de Egresos permite bajar un nivel: de la declaración al documento

Para evaluar financieramente componentes específicos sí es posible utilizar documentos presupuestarios formales.

Este procedimiento permite separar dos preguntas:

¿Cuánto dinero se anunció para la política de vivienda?

y

¿Cuánto fue efectivamente autorizado, modificado y ejercido en cada programa presupuestario?

Esta segunda pregunta es particularmente importante desde administración de proyectos porque permite buscar la correspondencia entre la línea base financiera y la línea base física.

Cuando un presupuesto aprobado cambia durante la ejecución, la evaluación no debe limitarse a identificar la variación monetaria.

Debe preguntar también:

¿Qué modificación del alcance, del cronograma o de la meta física acompañó esa modificación financiera?

Este será el criterio utilizado para analizar los programas presupuestarios relacionados con la ejecución de vivienda.

19. Conavi: una modificación financiera que exige conciliación física

En el caso de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) existe un punto de control financiero que puede analizarse documentalmente a partir del Programa presupuestario S177 Programa de Vivienda Social.

Para 2025, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobó para este programa 32,000 millones de pesos.

En la Cuenta Pública 2025, el presupuesto modificado aparece en 16,813.093 millones de pesos, cantidad que también fue devengada y ejercida.

La diferencia entre el presupuesto originalmente aprobado y el presupuesto modificado fue:

32,000.000 − 16,813.093 = 15,186.907 millones de pesos.

Esto representa una reducción de:

47.46%.

Pero es fundamental interpretar correctamente el dato.

No se trata de un subejercicio de 47.46%.

El presupuesto modificado fue ejercido en su totalidad. Lo que ocurrió fue una reducción de la asignación presupuestaria durante el ejercicio respecto del monto originalmente aprobado.

Desde administración de proyectos, la pregunta relevante no termina en la variación financiera.

Si la línea base de costo de un componente se modifica de manera tan importante, debe buscarse la modificación correspondiente de la línea base física:

¿Qué metas, entregables, calendario o alcance fueron modificados cuando el presupuesto aprobado de 32,000 millones de pesos se redujo a 16,813.093 millones?

Para esta evaluación deben reconstruirse, en lo posible, cuatro elementos:

presupuesto aprobado → presupuesto modificado → meta física modificada → resultado físico alcanzado.

El primer par puede comprobarse documentalmente. El siguiente paso consiste en determinar si la modificación financiera puede conciliarse con una modificación igualmente identificable de las metas físicas del programa.

Por ello, este caso no se utilizará para afirmar automáticamente que existió una falla de ejecución. Se utilizará como punto de control financiero y físico que deberá mantenerse abierto hasta reconstruir la causa de la modificación presupuestaria y su efecto sobre la línea base del programa.

20. Presupuesto ejercido no equivale a valor ganado

Que un programa haya ejercido el 100% de su presupuesto modificado tampoco demuestra por sí mismo que haya producido el 100% del valor físico previsto.

Para responder esa pregunta habría que relacionar el dinero ejercido con los entregables efectivamente producidos y con el calendario contra el cual debían producirse.

Esta distinción será fundamental cuando intentemos aplicar criterios de Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM) al programa.

21. Gestión del Valor Ganado: no fabricar indicadores que los datos no permiten calcular

La Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM) permite integrar alcance, cronograma y costo mediante tres variables fundamentales:

PV — Planned Value / Valor Planificado: valor presupuestado del trabajo que debería haberse realizado a la fecha de corte.

EV — Earned Value / Valor Ganado: valor presupuestado del trabajo efectivamente realizado a esa misma fecha.

AC — Actual Cost / Costo Real: costo efectivamente incurrido para realizar ese trabajo.

A partir de esas variables se calculan dos indicadores centrales:

SPI — Schedule Performance Index / Índice de Desempeño del Cronograma

SPI = EV / PV

CPI — Cost Performance Index / Índice de Desempeño del Costo

CPI = EV / AC

El problema para aplicar estos indicadores al Programa de Vivienda para el Bienestar no es matemático. Es documental.

Para calcular un SPI integral necesitaríamos conocer cuánto trabajo debía estar terminado al 15 de septiembre de 2026, conforme a una línea base temporal aprobada, y compararlo con el valor del trabajo efectivamente realizado bajo la misma estructura.

Para calcular un CPI integral necesitaríamos además conocer el costo real acumulado correspondiente exactamente a ese trabajo.

Con la documentación pública localizada hasta este corte, esas tres variables no pueden reconstruirse de manera integrada y comparable para el programa completo.

Por tanto:

SPI integral del programa: NO CALCULABLE PÚBLICAMENTE.

CPI integral del programa: NO CALCULABLE PÚBLICAMENTE.

Esta conclusión es metodológicamente más sólida que asignar un índice utilizando cifras que representan otra cosa.

22. El 37% contratado no es un SPI de 0.37

El ejemplo más claro es el 37% comunicado el 14 de septiembre.

Como ya vimos:

667,000 viviendas contratadas / 1,800,000 viviendas de meta sexenal = 37.1%.

Esa operación indica qué proporción de la meta total se encontraba reportada en la etapa de contratación.

Pero no responde la pregunta necesaria para calcular el SPI:

¿Cuántas viviendas debían encontrarse contratadas —o, mejor aún, qué valor de trabajo debía haberse ganado— exactamente al 15 de septiembre de 2026 conforme al cronograma aprobado?

Sin ese Valor Planificado a la fecha de corte, 37% no puede convertirse en SPI = 0.37.

Tampoco puede utilizarse para concluir por sí solo que el programa se encuentra 63% retrasado.

El denominador de 1.8 millones representa una meta final sexenal; el denominador del SPI debe representar el Valor Planificado acumulado a la fecha de medición.

Son conceptos distintos.

23. Entonces, ¿quién va atrasado?

La misma precaución debe aplicarse al comparar instituciones.

Dividir el avance acumulado de Infonavit, Conavi o Fovissste entre sus respectivas metas sexenales puede mostrar qué proporción de su meta final ha alcanzado cada organismo en una determinada etapa.

Pero eso no permite determinar automáticamente cuál está más atrasado.

Para responderlo necesitamos conocer, para cada institución y para la misma fecha de corte:

meta programada a la fecha → resultado real comparable → desviación.

Si los organismos tienen calendarios, procesos y etapas diferentes, comparar únicamente el porcentaje de la meta sexenal puede producir una conclusión equivocada.

Por ello, en esta primera evaluación no se establecerá un ranking de organismos por atraso mientras no pueda reconstruirse una línea base temporal comparable.

Donde sí exista una meta anual formal o un hito fechado comparable, podrá medirse específicamente el cumplimiento de ese compromiso.

La diferencia es fundamental:

avance respecto de la meta final ≠ desempeño respecto del cronograma.

24. Los estados se utilizarán como puntos de control, no como una clasificación nacional

Este artículo no evalúa el desempeño de las 32 entidades federativas.

Las referencias estatales se utilizan exclusivamente como pruebas de modificación de alcance, definición de avance, calidad y conciliación de la información federal. Una evaluación territorial requeriría un estudio independiente.

Un ejemplo es Oaxaca.

El 1 de agosto de 2026, durante la visita de la presidente a Huajuapan de León, se comunicó que la meta inicial del Infonavit en la entidad había pasado de 15 mil a 30 mil viviendas nuevas.

El dato demuestra documentalmente que el cambio fue comunicado oficialmente. No demuestra, por sí solo, que podamos reconstruir el procedimiento completo mediante el cual se modificó la línea base territorial.

Por ello, el cambio se utiliza aquí como un ejemplo adicional para la revisión del Control Integrado de Cambios, no como una evaluación del desempeño de Oaxaca.

25. Calidad: terminar una vivienda no es el último punto de control

El alcance físico tampoco debería concluir simplemente con la expresión “vivienda construida”.

Para efectos de esta evaluación conviene conservar la secuencia:

construcción terminada → habitabilidad verificada → asignación → entrega → ocupación.

Una vivienda puede estar físicamente terminada y todavía requerir condiciones de infraestructura, servicios, aceptación o corrección antes de considerarse un producto completamente utilizable.

Por ello, la calidad debe observarse durante todo el ciclo y no únicamente mediante el número de viviendas construidas.

26. Mediterráneo Las Islas: un caso de control de calidad que debe permanecer abierto

En el conjunto habitacional Mediterráneo Las Islas, en Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de junio de 2025 se entregaron 209 viviendas correspondientes a la segunda etapa de un proyecto de 448 viviendas.

Durante el propio acto oficial, Edna Elena Vega Rangel explicó que el proyecto había enfrentado dificultades en el sistema de drenaje.

Señaló que no se trataba de entregar viviendas sin contar adecuadamente con agua, drenaje y electricidad, y explicó que el Gobierno de Veracruz aportó recursos al municipio para reforzar el drenaje antes de la entrega.

En el mismo acto se reconocieron expresiones de los beneficiarios relacionadas con goteras, enchufes que no funcionaban y otros detalles, y se señaló que la obra contaba con una garantía de vicios ocultos para que la empresa constructora atendiera las correcciones pendientes.

Este caso no se utilizará para concluir que existe un problema general de calidad en el programa.

Se conservará como punto de control longitudinal:

problema identificado → responsable → acción correctiva → condición posterior → cierre comprobable.

27. Bosques de Río Medio: distinguir una incidencia en obra de una falla de viviendas entregadas

Otro caso ocurrió en Bosques de Río Medio, en Veracruz, durante las lluvias de julio de 2026.

Las primeras imágenes y reportes mostraron afectaciones en infraestructura del desarrollo. Posteriormente, el Infonavit informó que el incidente había ocurrido en un frente de obra todavía en construcción.

El instituto reportó después que la superficie afectada fue de 80 metros cuadrados de un frente de obra de 6,324 metros cuadrados, equivalente aproximadamente a 1.3%, y señaló que las viviendas ya entregadas y las áreas habitadas no habían resultado afectadas.

Para esta evaluación deben conservarse ambas partes del registro:

existió una incidencia física documentada durante la ejecución y la explicación institucional fue que se concentró en un frente todavía en construcción y no en las viviendas previamente entregadas.

No corresponde convertir este caso en evidencia de una falla estructural general del programa, pero tampoco eliminarlo del seguimiento.

En los próximos cortes deberá comprobarse si la acción correctiva fue terminada y si el desarrollo mantiene las condiciones de calidad y seguridad previstas.

28. Cómo se utilizarán los casos de calidad

Los casos particulares identificados en esta evaluación no se utilizan para inferir el desempeño del programa completo.

Funcionan como puntos de control documentados.

Permanecerán abiertos para evaluaciones posteriores, en las que podrá verificarse su evolución, explicación, acción correctiva y cierre.

El registro longitudinal será:

fecha de detección → condición encontrada → responsable → explicación → acción correctiva → fecha comprometida → condición en el siguiente corte → cierre.

De esta manera, la evaluación no convierte una incidencia individual en una generalización estadística, pero tampoco pierde la posibilidad de comprobar posteriormente si el sistema de control de calidad funcionó.

29. Riesgos: identificar un riesgo no significa que el riesgo ya se materializó

Una evaluación de administración de proyectos debe identificar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas, pero debe distinguir entre riesgo identificado, incidencia ocurrida y falla comprobada.

La documentación programática permite identificar áreas que deben mantenerse bajo seguimiento:

Suelo. Disponibilidad de reserva territorial suficiente y adecuada frente al crecimiento de las metas de vivienda.

Infraestructura. Disponibilidad oportuna de agua, drenaje, electricidad, urbanización y servicios necesarios para que una vivienda pueda considerarse habitable.

Capacidad de ejecución. Correspondencia entre el crecimiento del alcance y la capacidad de contratación, construcción, supervisión y entrega.

Cronograma. Transición efectiva entre contratación, inicio de obra, construcción, terminación, asignación y entrega.

Financiamiento. Correspondencia entre los recursos disponibles y el alcance vigente del programa.

Calidad. Cumplimiento de las condiciones técnicas y de habitabilidad antes y después de la entrega.

Comunicación. Consistencia de unidades, fechas, etapas, universos y denominadores utilizados en los informes públicos.

Control de cambios. Trazabilidad entre la línea base anterior, el cambio autorizado y sus efectos en alcance, tiempo, costo y responsabilidades.

Integración. Capacidad de conciliar la información producida por todas las instituciones participantes.

Beneficiarios. Identificación de familias únicas cuando una misma política contiene múltiples tipos de acciones.

En cada evaluación posterior la pregunta será:

¿riesgo identificado? → ¿control existente? → ¿incidencia? → ¿acción correctiva? → ¿cierre?

La existencia de un riesgo no demuestra que el programa haya fallado. Del mismo modo, la existencia de un mecanismo de control no demuestra que el riesgo esté resuelto. Lo que debe observarse es cómo evoluciona cada riesgo y si las acciones de respuesta pueden comprobarse.

30. Semáforo de evidencia al 15 de septiembre de 2026

El siguiente semáforo no califica políticamente al programa ni determina todavía su éxito o fracaso.

Clasifica exclusivamente qué nivel de evidencia pública puede reconstruirse para cada elemento analizado.

🟢 COMPROBADO DOCUMENTALMENTE

Meta formal de 1.8 millones de viviendas nuevas. Está incorporada al Programa Nacional de Vivienda 2026–2030.

Existencia de una estructura formal de coordinación interinstitucional. Los instrumentos programáticos establecen coordinación entre órdenes de gobierno y organismos nacionales de vivienda.

Presupuesto aprobado del Programa S177 para 2025 y presupuesto posteriormente modificado y ejercido. Son datos reconstruibles mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública.

🟢/🔵 RESPONSABILIDADES Y REGISTROS INSTITUCIONALES

Existen metas y responsabilidades formalmente identificables para organismos como Infonavit, Conavi y Fovissste, así como registros administrativos de diferentes etapas de ejecución.

Esto permite comprobar la existencia de metas y sistemas de seguimiento, pero no convierte automáticamente cada resultado físico comunicado en una verificación independiente de campo.

🔵 REGISTRO ADMINISTRATIVO OFICIAL

Diversas cifras de contratación, obra, asignación, mejoramientos, créditos y regularización provienen de registros institucionales y permiten observar la ejecución administrativa.

Para cada una deberá conservarse su fecha, universo, definición y etapa, evitando transformarla en una unidad distinta de aquella en la que fue reportada.

🟡 DECLARADO OFICIALMENTE

Meta superior de 12 millones de familias beneficiadas.

Puede comprobarse que la presidente comunicó esa meta y su composición. Lo que todavía no puede comprobarse públicamente es el número acumulado de familias únicas beneficiadas por el conjunto de componentes.

Cambios territoriales comunicados.

Existen modificaciones de metas estatales anunciadas oficialmente —como el caso de Oaxaca—, pero una declaración de cambio no demuestra por sí sola todo el proceso formal mediante el cual fue modificada la línea base territorial.

🟠 PENDIENTE DE CONCILIACIÓN

667 mil viviendas contratadas frente a los subtotales institucionales comunicados en el mismo corte.

Meta de regularización/escrituración: 1.0 millón → 1.2 millones → 1.0 millón.

Transición completa de la cohorte de viviendas iniciada durante 2025.

Línea financiera global del programa, debido a que las distintas referencias de inversión, presupuesto, crédito y derrama económica no pueden tratarse automáticamente como una misma serie.

Trazabilidad completa de algunos cambios de alcance, particularmente entre la meta anterior, la autorización del cambio y sus efectos en cronograma, costo, recursos y riesgos.

🔴 NO COMPROBADO / NO UTILIZABLE COMO HECHO

Número acumulado de familias únicas beneficiadas al 15 de septiembre de 2026.

Porcentaje de cumplimiento de la meta superior de 12 millones de familias.

SPI integral del programa.

CPI integral del programa.

Clasificación de qué organismo se encuentra más atrasado, mientras no exista una línea base temporal comparable para todos.

El color rojo no significa que una afirmación sea falsa. Significa que, con la evidencia pública localizada hasta este corte, no puede presentarse como un hecho comprobado o calcularse de manera reproducible.

De la misma manera, el color verde no significa que el programa haya cumplido. Significa únicamente que la proposición específica puede reconstruirse documentalmente.

31. El problema no es que falte información; falta integración

La cantidad de información pública sobre el programa es considerable.

Existen programas formales, comunicados, registros administrativos, metas institucionales, cifras presupuestarias y reportes periódicos.

La dificultad aparece cuando se intenta reconstruir el programa completo como una sola unidad de gestión.

El Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 reconoce expresamente la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, los organismos nacionales de vivienda y los sectores social y privado.

Desde administración de proyectos, el siguiente nivel consiste en poder integrar esa información en una misma estructura de control:

alcance + cronograma + costo + calidad + recursos + riesgos + cambios + beneficiarios.

Ese es precisamente el punto en el que esta primera evaluación encuentra la principal limitación para un observador externo.

32. El tablero integral que un evaluador externo todavía no puede reconstruir

Un programa de esta magnitud produce necesariamente información en múltiples instituciones. El problema de control aparece cuando esa información debe integrarse para responder una pregunta sencilla:

¿Dónde está el programa completo al 15 de septiembre de 2026 respecto de lo que debía haber alcanzado a esa fecha?

Para responderla de manera integral debería poder reconstruirse un tablero que contenga, al menos:

Alcance: línea base vigente y entregables acumulados.

Tiempo: cronograma aprobado, hitos programados y avance real comparable.

Costo: presupuesto o inversión planificada, modificaciones y costo real acumulado.

Calidad: criterios de aceptación, incidencias, correcciones y cierres.

Recursos: capacidad de ejecución de los organismos participantes.

Riesgos: riesgos identificados, controles, incidencias y respuestas.

Cambios: línea base anterior, autorización, nueva línea base e impactos.

Beneficiarios: número de familias únicas beneficiadas y conciliación entre los distintos componentes.

La información pública revisada permite reconstruir partes importantes de este tablero, pero no permite integrarlo completamente en una sola línea base reproducible por un evaluador externo.

33. Gobernanza: coordinación no es lo mismo que responsabilidad integral

El Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 reconoce formalmente la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Por ello, la evaluación no sostiene que el programa carezca de coordinación.

La pregunta es distinta:

¿quién responde por el desempeño integral del programa?

Infonavit puede responder por sus viviendas. Conavi por sus programas. Fovissste por sus componentes. INSUS por regularización. Sedatu coordina la política.

Pero cuando cambia una meta, aparece una diferencia entre instituciones, se modifica un presupuesto, se materializa un riesgo o un indicador deja de conciliar con otro, debe existir una función que integre el efecto sobre todo el programa.

En la documentación pública revisada no se ha identificado hasta este corte una figura equivalente a un Director del Programa o Director del Proyecto con responsabilidad integral públicamente definida sobre alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, riesgos, cambios y beneficiarios.

Esto no demuestra que internamente no exista una función equivalente. Significa que un evaluador externo no puede identificar con claridad, a partir de la documentación pública localizada, quién concentra esa responsabilidad integral.

34. Conclusiones de la primera evaluación

La revisión documental permite llegar a varias conclusiones sin necesidad de calificar políticamente el programa.

Primera. El Programa de Vivienda para el Bienestar ha experimentado modificaciones importantes de alcance. La meta de vivienda nueva pasó de 1 millón a 1.8 millones, un incremento de 80%, y la responsabilidad comunicada del Infonavit pasó en una etapa de 600 mil a 1.2 millones, un incremento de 100%.

Segunda. La modificación del alcance no constituye por sí misma una desviación negativa. La cuestión pendiente es reconstruir cómo esos cambios se reflejaron simultáneamente en cronograma, costo, recursos, suelo, capacidad de ejecución, riesgos y responsabilidades.

Tercera. Los avances públicos utilizan etapas diferentes. Contratada, en construcción, terminada, asignada y entregada no son categorías equivalentes. Por ello, los inventarios publicados en fechas distintas no deben sumarse o restarse automáticamente.

Cuarta. El análisis por cohortes permite seguir las mismas viviendas a través del tiempo, pero la información pública localizada todavía no permite reconstruir completamente la transición de toda la cohorte iniciada durante 2025.

Quinta. El 37% comunicado respecto de las 667 mil viviendas contratadas es aritméticamente consistente con la meta de 1.8 millones, pero representa contratación respecto de una meta sexenal. No es un SPI de 0.37 ni demuestra que 37% de las viviendas estén terminadas o entregadas.

Sexta. Las cifras financieras disponibles pertenecen a universos diferentes. Presupuesto federal, inversión, crédito, financiamiento y derrama económica no pueden integrarse como si fueran una misma variable.

Séptima. En Conavi existe un punto de control financiero concreto: el Programa S177 pasó de un presupuesto aprobado de 32,000 millones de pesos a un presupuesto modificado y ejercido de 16,813.093 millones. La reducción respecto del presupuesto aprobado fue de 47.46%, pero no constituye un subejercicio de 47.46%. La pregunta pendiente es qué modificación física acompañó esa modificación financiera.

Octava. Con la información pública localizada no pueden calcularse de manera metodológicamente válida un SPI integral ni un CPI integral para todo el programa.

Novena. Tampoco puede determinarse responsablemente qué organismo se encuentra “más atrasado” sin disponer de metas programadas comparables a la misma fecha de corte.

Décima. La principal limitación encontrada se refiere precisamente al indicador superior utilizado para comunicar el programa:

12 millones de familias beneficiadas.

Al 15 de septiembre de 2026, la documentación pública revisada no permite reconstruir de manera reproducible cuántas familias distintas han sido beneficiadas acumuladamente por el conjunto de acciones.

Por ello:

Meta sexenal comunicada: 12,000,000 de familias.

Familias únicas beneficiadas acumuladas al corte: NO DETERMINABLE PÚBLICAMENTE.

Porcentaje de cumplimiento de la meta principal: NO CALCULABLE PÚBLICAMENTE.

Esto no demuestra doble conteo. No demuestra que la meta sea falsa. Tampoco demuestra que las instituciones carezcan internamente de mecanismos de conciliación.

Demuestra algo más preciso:

el indicador superior con el que se comunica el alcance del programa no puede ser reproducido por un evaluador externo utilizando la información pública localizada hasta este corte.

Desde administración de proyectos, ésta es una limitación objetiva de trazabilidad:

una meta debe poder medirse durante su ejecución en la misma unidad en que fue definida.

35. Dos preguntas quedan abiertas

La primera se refiere directamente a la meta superior:

De una meta de 12 millones de familias, ¿cuántas familias distintas han sido beneficiadas a la fecha y cuál es el registro integrado que permite comprobarlo?

La segunda se refiere a la gobernanza del programa:

¿Quién tiene el tablero integral —alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, riesgos, beneficiarios y cambios— y quién responde por integrar las desviaciones, instrumentar las acciones correctivas y comprobar su cierre?

Ambas preguntas son verificables. Las evaluaciones posteriores permitirán observar si la información pública comienza a responderlas.

36. Esta no es una evaluación final

Este documento constituye la primera evaluación del Programa de Vivienda para el Bienestar, con corte al 15 de septiembre de 2026.

Su propósito no es emitir un juicio definitivo sobre un programa que continúa en ejecución.

El propósito es establecer una línea base documental que permita regresar periódicamente a las mismas metas, compromisos, cohortes, presupuestos, riesgos, incidencias y acciones correctivas.

En los siguientes cortes no será necesario reconstruir nuevamente la historia desde cero.

Podrá preguntarse:

¿qué cambió desde la evaluación anterior?

¿qué diferencias fueron conciliadas?

¿qué riesgos se materializaron?

¿qué acciones correctivas se cerraron?

¿qué viviendas avanzaron de una etapa a otra?

¿qué ocurrió con las cohortes que ya estaban abiertas?

¿puede finalmente calcularse el número acumulado de familias únicas beneficiadas?

De esta manera, la evaluación dejará de ser una fotografía aislada para convertirse en un seguimiento longitudinal del programa.

Nota metodológica

La estructura de esta evaluación utiliza principios de administración de proyectos para analizar alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, riesgos, comunicaciones, interesados, integración y control de cambios.

Cuando la información pública permite realizar una comprobación documental, se presenta como tal. Cuando sólo existe una declaración oficial, se identifica como declaración. Cuando dos cifras no pueden conciliarse, la diferencia permanece abierta. Y cuando los datos disponibles no permiten calcular válidamente un indicador, el indicador no se fabrica.

Ese será el criterio permanente de las siguientes evaluaciones.

Fuentes documentales principales

Esta evaluación se construyó prioritariamente con fuentes primarias y documentos oficiales, contrastando las declaraciones públicas con instrumentos programáticos, presupuestarios y administrativos cuando éstos se encontraron disponibles.

Presidencia de la República

Versiones estenográficas, comunicados y presentaciones oficiales del Programa de Vivienda para el Bienestar, incluyendo los cortes y anuncios del 14 de octubre de 2024; 14 de abril, 14 de julio y 18 de agosto de 2025; 15 de junio y 1 de agosto de 2026; y Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 2026.

Diario Oficial de la Federación (DOF)

Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 y demás instrumentos normativos y programáticos utilizados para distinguir entre metas comunicadas públicamente y metas incorporadas a documentos formales.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

Comunicados, presentaciones y reportes de avance utilizados para reconstruir metas, etapas de ejecución, programación anual y modificaciones del programa.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Información institucional sobre metas de vivienda nueva, contratación, construcción, asignación, entrega y seguimiento de proyectos.

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Información institucional y documentación del Programa presupuestario S177 Programa de Vivienda Social, incluyendo metas, seguimiento físico y mecanismos de evaluación.

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)

Información institucional sobre metas, avances y el corte comunicado el 14 de septiembre de 2026.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y Cuenta Pública 2025, utilizados para reconstruir el presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Programa S177.

Fuentes estatales e institucionales de control

Documentación oficial utilizada para los casos territoriales y de calidad incluidos en el análisis, particularmente los expedientes y comunicaciones correspondientes a Mediterráneo Las Islas y Bosques de Río Medio, Veracruz.

Project Management Institute (PMI)

Referencias metodológicas sobre administración de proyectos, integración, control de cambios y Gestión del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM), utilizadas exclusivamente como marco de análisis.

Corte documental: 15 de septiembre de 2026.

Las cifras posteriores a esta fecha no forman parte de esta primera evaluación. En los siguientes cortes se conservarán las mismas definiciones, cohortes y puntos de control para hacer comparables los resultados en el tiempo.